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Por: Saúl Arellano
El analfabetismo y el rezago educativo son dos de los mayores problemas que persisten en el ámbito educativo. Reformas van y reformas vienen, y la reducción de ambos indicadores es lenta, desigual, y se ha mantenido inerciada de manera prolongada, sin que haya habido un gobierno que se decida auténticamente a lograr que la totalidad de la población mayor de 15 años sepa leer y escribir, así logre concluir los estudios de educación obligatoria.
Desde esta perspectiva, es importante decir que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), al mes de diciembre del 2018 había en el país 92.063 millones de personas de 15 años y más. Entre ellas, el 4%, es decir, 3.7 millones eran consideradas analfabetas. Otro 9.7% no habían concluido los estudios de educación primaria, es decir, 8.94 millones de personas; mientras que el 17.5%, equivalente a 16.068 millones de personas no habían concluido los estudios de la educación secundaria.
En total, se trata de 28.71 millones de personas mayores de 15 años que, en sentido estricto, estarían fuera de la posibilidad de acceder a un empleo formal, pues en prácticamente todos los espacios laborales se establece como requisito contar al menos con secundaria terminada. Por ello no es de extrañar, aunque sí de sorprender e indignar, que prácticamente un 28% de las personas ocupadas en el país (más de 14.5 millones), se encuentran laborando en el sector informal.
La cuestión, sin embargo, rebasa con mucho el tema del mercado del trabajo; pues si se interpreta de manera adecuada el contenido del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estamos ante una violación sistemática y generalizada del derecho humano a recibir educación, oportuna, pertinente y de calidad.
En esa lógica, hay que destacar también que el propio concepto de “rezago educativo” queda rebasado, pues en su estimación debería considerarse no sólo la educación secundaria concluida como el “límite superior”, sino al bachillerato, que ya es parte de la educación obligatoria en el país.
Si esto es así, la cifra se elevará dramáticamente, pero sólo considerándola en su magnitud es que podrán diseñarse las políticas públicas necesarias para llevar a cabo una adecuada estrategia para la erradicación del analfabetismo, y al mismo tiempo, para lograr una reducción significativa en el número y porcentaje de personas sin concluir la educación obligatoria.
Si se adecuase el concepto de rezago educativo, para armonizarlo con el mandato constitucional, esto tendría implicaciones muy relevantes en otros indicadores y mediciones; quizá las más destacadas serían la medición multidimensional de la pobreza; y el otro el cálculo del Índice de Marginación.
En efecto, la Ley General de Desarrollo Social establece que en la medición multidimensional de la pobreza debe considerarse como uno de los indicadores de carencia social al rezago educativo; pero si éste incluyese a las personas mayores de 15 años sin preparatoria concluida, la medición daría como resultado, sin lugar a dudas, una proporción y una suma total de personas ya bien en pobreza, o bien en vulnerabilidad social, mucho mayor a la que hoy se ha estimado.
Por otro lado, si en el índice de marginación se incluyese, no sólo la variable (por demás rebasada e inaceptable) del porcentaje de personas sin primaria terminada, para considerar al porcentaje de quienes son mayores de 15 años y no cuentan con la educación obligatoria concluida, el impacto en la medición sería importante, y con ello, también la distribución de los recursos del Ramo 33, los cuales se determinan vía una fórmula que incluye como variable al citado Índice de Marginación.
No es exagerado sostener que la viabilidad de la llamada cuarta transformación, pasa necesariamente por lograr una elevación sustantiva de los niveles educativos del país; ya se dijo, por una obligación expresa en materia de derechos humanos establecida en la Constitución, pero también porque sin ello, el proyecto de “regeneración moral y cívica” en que tanto ha insistido el presidente de la República, depende de que las personas tengan acceso a más herramientas para el crecimiento espiritual, y para adquirir nuevas herramientas y competencias que les permitan acceder a mejores puestos de trabajo.
Pensado así, hay varias estrategias de política pública que son urgentes, y que no están consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, aún es posible incorporarlas al Programa Sectorial de Educación, y a los propios programas institucionales que deberán derivarse de éste.
En primer lugar, sería deseable que el INEA se fusionase con el CONAFE, y con base en la suma de capacidades, recursos y experiencia acumulada en ambas instituciones, se rediseñaran las estrategias propias de sus mandatos, pero además, deberían permitir su “alineamiento” con varios de los programas estratégicos del presidente, como las Becas Benito Juárez, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también medidas complementarias de afiliación y garantía de acceso universal a los servicios de salud.
Esta reingeniería permitiría potenciar la presencia territorial del gobierno de la República, y acercar recursos y programas sociales, desde una perspectiva integral; permitiría repensar la estrategia nacional de seguridad alimentaria, impulsando acciones de alimentación escolar y familiar; y además abriría la puerta para identificar a personas que deberían estar incorporadas a los programas sociales, y que, por criterios de exclusión o deficiente registro, no han sido consideradas aún.
La segunda estrategia que es posible articular, es en alianza con los gobiernos estatales y municipales; se trataría de avanzar con los convenios que ya se tienen, y articular una nueva lógica de abatimiento del rezago educativo vía los recursos del Ramo 33. Esto permitiría aprovechar la infraestructura existente en los municipios en que se ha documentado su subutilización; pero al mismo tiempo, profundizar la presencia territorial de INEA y CONAFE a la par de los programas y apoyos que se pueden articular con los gobiernos estatales y municipales; en este rubro, las posibilidades son muchas.
Una tercera estrategia que se puede y debe implementar es vía la coordinación institucional, entre el CONAFE, el INEA y el CONOCER, a fin de que el modelo de alfabetización se transforme hacia un modelo que al mismo tiempo permita identificar y certificar competencias laborales; esto ayudaría a ampliar el catálogo de estándares de competencia existente, y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de empleabilidad de las personas de más escasos recursos, y de paso, elevar la competitividad de los municipios.
¿Están pensando en esto y otras muchas cosas que pueden hacerse con lo que se tiene en esas instancias?, es difícil saberlo. Lo que sí es evidente es que no se puede continuar por la ruta que se ha seguido hasta ahora, porque los resultados han sido auténticamente un fracaso.
Tabla de elaboración propia con base en las estadísticas de Rezago Educativo del INEA.
*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la forma de pensar de la Revista El Aguachile.