La IV Transformación en la construcción del régimen político de la democracia mexicana

Actualizado: 13 de dic de 2018

Por J. Alberto Aguilar Iñárritu


El Presidente Electo, ha propuesto realizar la IV Transformación de México, sin duda una iniciativa aplaudible si busca reconstruir lo dañado, cambiar lo que no funciona, mantener lo que sí y avanzar en la democracia social que demanda México. Particularmente si se comprende que en la epopeya social, nada es nunca totalmente nuevo y que el cambio surge de actualizar buena parte de lo precedente. En todo caso, una convocatoria a realizar un proyecto de gran envergadura, requiere comenzar por precisar su naturaleza, contenido y alcances, cuestiones que hasta ahora quedan poco claras y motivan varias preguntas. Entre ellas tres:


¿La IV Transformación es un lema del gobierno entrante destinado a encuadrar sus políticas públicas y acciones o es una propuesta de Estado y, en su caso, que Poder convoca y cómo participa la sociedad?

¿Cómo y con quiénes, en un caso o en el otro, construirán la agenda de la IV Transformación y cuáles son sus contenidos mínimos?

¿De lo construido hasta ahora, qué partes permanecen y cuáles se plantea eliminar o se eliminará todo y en consecuencia qué se propone?


Si la propuesta es de Estado, entonces requiere convocar al más amplio consenso de la sociedad y contemplar, además de los 30 millones de votos que le permitieron ganar la Presidencia y la mayoría legislativa, a los más de 26 millones que votaron en contra del próximo gobierno, aceptando que ninguno de esos dos bloques es homogéneo, ni dura para siempre. Una transformación de ese tipo demanda involucrar a los 90 millones de ciudadanos con posibilidades de votar, lo hayan hecho o no, por no mencionar a sus hijas e hijos menores de edad.

Desde luego que, para caminar con éxito por las grandes avenidas del cambio político estructural, ayuda mucho contar con una mayoría legislativa, pero ésta como tal no basta. Porque éste es un asunto de máxima pluralidad que está obligado, primero, a confirmar la regla de oro de la democracia: conducir el buen gobierno de las mayorías, al tiempo que se garantizan los derechos de las minorías y, segundo, a superar la asignatura pendiente y proponerse edificar instituciones sustitutivas con sustento en un gran acuerdo nacional, incluyente de la diversidad.

Si se cumplen estas dos obligaciones, el país podrá comenzar una etapa de reconciliación que nos reúna en lo fundamental y dejar de caminar divididos, como ha sucedido en las últimas tres décadas. Entonces podremos aspirar a lograr el cuarto pacto social de poder de nuestra historia para avanzar hacia la edificación de la República de la Democracia. Si se rechaza esta vía se correrá el riesgo de entrar en un proceso autoritario que profundice la división social existente, haciendo de la IV Transformación de México una propuesta sectaria que sólo nos confrontará y retrasará más la evolución democrática de México.

Sí la IV Transformación es sólo un lema de gobierno, de todas formas tendrá que ocuparse de los déficits del país derivados de las insuficiencias de la Transición y del modelo de desarrollo vigente, y también se requerirá hacerlo en forma plural, con la sociedad, vigilante y participativa.


De ahí la pertinencia de ésta propuesta: Encuadrar la IV Transformación en el proyecto de restitución de la República y así potenciar al éxito y beneficiarse de los esfuerzos reformadores de muchos años destinados a profundizar la democracia mexicana. De esta manera se podrá, en la legitimidad plural de un país unido en su diversidad, entre otros aspectos:

Reformar el caduco modelo de gobierno, impulsando un régimen de gobierno semi-presidencial y reconstruir el federalismo desde el ámbito local; Solucionar la desconexión entre los motores externo e interno de la economía y proponerse sustituir importaciones en condiciones de mercado abierto, induciendo un desarrollo tecnológico puntual que articule a la pequeña y mediana empresa generadora de empleo, para pasar de la manufactura a la mentefactura, e impulsar la inserción en los mercados locales y regionales al pequeño productor agropecuario.


Superar la inaceptable desigualdad social construyendo desde la base, las posibilidades de un real acceso a un horizonte de oportunidades y, en general, restituir la vitalidad de nuestra alicaída vida pública con valores ciudadanos, fincados en un claro mandato de justicia social: lograr la igualdad para defender y extender nuestra libertad.

Sustituir de manera inalterable el imperio de los hombres por el imperio de la Ley, garantizar el control constitucional del poder como base del Estado de Derecho y lograr la máxima eficacia jurídica de la Ley.

Evitar que ningún grupo interno excluya o anule al resto en lo político, lo económico y lo social. Impedir que origen de cuna sea destino, trabajando por la inclusión social, armonizando la libertad con la igualdad de capacidades y oportunidades y, al promover la equidad entre familias, hacerlo también entre regiones, reconstruyendo el federalismo.


Al igual que al poder político, también sujetar la economía al interés general, sin vulnerar libertades pero orientando institucionalmente su desempeño hacia la competitividad, el crecimiento, la prosperidad compartida y la justicia social.


Cerrar la brecha entre ciudadanía y política. Volver a conectar a los ciudadanos con sus gobernantes a partir de generalizar la transparencia y la rendición de cuentas. Reemplazar la idea pasiva de ciudadanía, sólo como posesión de derechos, por una ciudadanía activo-participativa en la definición de los asuntos públicos, induciendo su libertad positiva.


Promover modelos de conducta cívica favorables al mejor funcionamiento comunitario. Estimular y respetar el surgimiento de identidades comunitarias, energías cívicas, actitudes críticas ante la autoridad, el sentido de justicia y la tolerancia ante la diversidad.


Hasta ahora, la transición a la democracia no ha sido capaz de culminar su ciclo hacia la normalidad democrática, no ha podido construir el correspondiente pacto social de poder e instituir la República de la Democracia para actualizar, en consecuencia, su marco constitucional.


No hay tiempo para más dilaciones, está en juego el destino de México, llegó la hora de hacerlo, aceptemos el reto


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