Los niños no se venden, las mujeres no se rentan

Por: Maleny Díaz Brito


De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española cosificar significa reducir a condición de cosa a una persona, lo que se traduce en la vulneración de su dignidad al pasar por encima de su condición humana, esto sucede muchas veces mediante la violencia. Desafortunadamente, en México no es algo nuevo para las mujeres, las niñas y los niños, tal como sucede con la práctica de la maternidad subrogada.

En términos simples, esta problemática se refiere al pacto que hace una mujer que se compromete a gestar un bebé con la obligación de entregarlo a terceras personas cuando nazca, arbitrariamente “renunciando” la gestante a sus obligaciones y derechos parentales. Por ello, bajo el eufemismo “maternidad subrogada” se comercializa con seres humanos, es así porque al estar diluida por factores aspiracionales y de consumo, la renta de vientres y la compraventa de bebés es aceptada socialmente, es un delito cometido a la vista de todos.


En nuestro país, no hay consenso sobre el concepto, ni cómo abordarlo jurídicamente, ya que en Sinaloa es una forma de filiación; en Tabasco es un contrato; en Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro es una actividad prohibida y para la Diputada Leticia Martínez Gómez del Grupo Parlamentario del PRD; quien valientemente ha presentado una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión para que sea considerada como un delito.


Toleramos porque cosificamos, primero a los bebés que son tratados como meros objetos de satisfacción de los adultos, creando una falsa necesitad de tener una hija o hijo, incluso si hay que pagar para conseguirlos. En segundo término, cosificamos a las mujeres al ser tratadas como fábricas donde se lleva a cabo la re-producción de bebés que serán vendidos a través de clínicas que fungen como intermediarios para supuestamente “cumplir con los sueños” de las personas que desean convertirse en padres o madres.


La permisibilidad de la “maternidad subrogada” provoca confusión entre el altruismo y la impunidad, al promoverse escenarios donde se vulneran los derechos de niñas y niños de conocer su origen e identidad, se compromete la salud física de ambos, especialmente la salud psicológica de la mujer que se somete a este procedimiento. En los casos más graves y onerosos, se crea un ambiente fértil para que la dignidad humana se desdibuje a billetazos, tal como sucede con otros delitos como la trata de mujeres y el tráfico de menores.


Si aún existiera duda sobre la gravedad de esta problemática, basta con recordar el reciente caso de los gemelos Nico y Mateo, a los que abandonaron al nacer en las instalaciones del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” en la Ciudad de México; los bebés tuvieron complicaciones de salud por ser prematuros e incluso uno de los niños fue diagnosticado con hidrocefalia. Se reportó que la madre alquiló su vientre y que fueron abandonados porque ni clínica intermediaria, ni la pareja compradora habían pagado lo acordado.


No es cosa menor lo aquí planteado, desde un enfoque de niñez, contraviene a la Convención de los Derechos del Niño, especialmente por lo expresado en su Artículo 35 “Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”, y desde una perspectiva de género, significa una violencia sistematizada contra de las mujeres al tratarse de un tipo de explotación, en este caso, explotación con fines reproductivos.


Por todo lo anterior, urge impedir que esta industria crezca y se sigan consintiendo prácticas que vulneran los derechos humanos y van en contra del interés superior de la niñez y la maternidad respetuosa, por lo que será importante apoyar la iniciativa de la Diputada Leticia Martínez Gómez que tipifica esta práctica como delito, de tal suerte que un día podamos dejar de soñar con una realidad diferente y logremos afirmar que en México: los niños no se venden, las mujeres no se rentan.