Momento histórico, ¿de qué forma?

Por Eduardo Higuera

Es momento de dejar atrás los machismos disfrazados y el partidismo ramplón. El 1º de octubre inicia un momento histórico como nunca lo ha vivido nuestro país, en el que, como todos sabemos, tendremos por primera vez a una mujer usando la banda presidencial.

Ya solo este hecho debe hacernos conscientes de que vivimos tiempos extraordinarios. Sin embargo, no se queda ahí.

Si uno trata de construir un escenario futuro, adentrándonos unos 20 años en el porvenir, usando una mirada lógica hay temas que acompañan a la primera presidencia femenina, los cuales marcarán el lugar que ésta ocupará en la historia.

En primer lugar, la presidenta tendrá que lidiar con el legado del caudillo, todavía vivo y dispuesto a meterse en “su” transformación. Este legado consiste en el retroceso de la calidad de vida (servicios de salud, educación); seguridad (al punto de provocar señalamientos allende la frontera que afirman que un tercio del país lo gobierna el narco); diseño del estado y políticas públicas (con las reformas que además de volver al medio autoritario y hegemónico, le amarran las manos en muchos sentidos a Claudia) y por supuesto, con la corrupción y endeudamiento más grandes en décadas.

Si vemos el vaso medio lleno, el escenario está puesto para que la primera presidenta de nuestra historia destaque aún más que su predecesor y ungidor. Sheinbaum tendrá el poder/ capital político para hacer cambios profundos en México, mayores a los que AMLO está realizando a toda prisa y con pésimo diseño al final de su mandato constitucional.

Y ahí es donde realmente puede pasar a la historia.

Pensemos en ejemplos masculinos, porque no tenemos de otra al fijarnos en nuestra historia nacional. Las dos primeras personas “diferentes” que llegaron ala presidencia fueron miembros de los pueblos originarios, de Oaxaca. Juárez y Díaz son las dos caras de la moneda cuando pensamos en términos de historia, la influencia y ejemplo de ambos ha sido tema de debate e imitación hasta nuestros tiempos.

Uno se le considera el traidor a la causa liberal, tirano que se perpetuó en el poder, modernizar que recurrió a la represión y la fuerza, incluso contra de aquellos que eran de etnias originarias, al igual que él.

El otro, pese alas acusaciones de transformarse en un dictador de facto, se le recuerda como el gran transformador de México, al punto de que la narrativa oficialista actual lo ve como su predecesor directo. Separó el poder del estado y la iglesia, fomentó la libertad de culto y pensamiento, enfrento con éxito al segundo imperio y la invasión europea, estableció el liberalismo económico al punto de dar pie a las grandes haciendas y el inicio de la industrialización del país y es el prócer que colocó la soberanía e independencia nacional por sobre todas las cosas.

¿Cómo se recordará la primera presidencia encabezada por una mujer?

Si nos basamos en las características y aspectos que sus corifeos, la narrativa de campaña que se esgrimió desde los gobiernos guindas y su propia campaña, Claudia tiene todo para lograr ser mejor presidenta que cualquier hombre que la haya antecedido: participante en un equipo que se adjudicó el Nobel, científica consciente de la necesidad de cambio hacia las energías limpias para la supervivencia del género humano, demócrata que arrasó con pulcritud y contundencia en su propio proceso interno de selección y gobernante consciente de los derechos humanos y la defensa de los pacientes ante abusos experimentales, incluso en tiempos de pandemia.

Las tentaciones serán mayúsculas. Con el proyecto del INE que le concede a su partido la súper mayoría, tendrá la capacidad política para modificar la constitución a su antojo y de acuerdo con la visión que tenga del México futuro.

De iagual forma, se verá si el relevo generacional anunciado tendrá un peso real, impulsando una segunda generación del “movimiento” mucho más preparad académicamente, con más mundo y menos dogmas, como sustitutos de Toros misóginos acusados de violadores que gobiernan tras sus hijas o jefas de gobierno que inauguraron la modalidad de juanit@s para burlar la ley y acceder al poder, haiga sido como haiga sido.

Cada ocasión en que las urnas llevan al poder a personas que representan a grupos tradicionalmente marginados del poder, se genera una gran expectativa y esperanza. La izquierda de Allende y Lula, la nueva generación con Gabriel Boric, grupo racial como fue el caso de Obama, una mayoría discrminada históricamente con Mandela, por mencionar algunos casos.

Claudia Sheinbaum es, para muchas personas en México, la continuación de la esperanza redentora de los pobres encarnada por el caudillo AMLO y la posibilidad de darle la puntilla a la discriminación y marginación de las mujeres en México, las cuales son la mayoría de la población.

El momento de nuestra historia que ella encabezará es inédito pero corre el riesgo de no ser diferente a las decepciones que se centraron en su momento los machistas y populistas Fox y López Obrador.

¿Será la primera presidenta adecuada para el trabajo? Veamos que dice ese escenario a 20 años que quedará definido en unos cuantos días de 2024.

CFE: Entre la desinformación y el silencio

Por Sergio Anzaldo Baeza

Niklas Luhmann asegura que la fuente de nuestro conocimiento de todo lo que sucede a nuestro alrededor la constituyen los medios de comunicación. Su función es dar a conocer, para valorar, la gestión de gobiernos, instituciones, partidos, empresas o actores sociales, entre otros. De ahí que su relevancia sea directamente proporcional a su responsabilidad social que, por lo menos desde la perspectiva ética, los impele a la mayor objetividad posible. O por lo menos a no mentir, desvirtuar o segar la información deliberadamente.

La mentira como estrategia de información de un medio de comunicación es sumamente delicada en cualquier régimen político. Más aún en una democracia en que la disputa por el poder se basa en el sufragio ciudadano derivado, a su vez, de la valoración que hace de la gestión de los actores que compiten con base en la información que proporcionan los medios. La reiteración del engaño como táctica de promoción o descalificación revela medios que promueven intereses específicos en demérito del equilibrio informativo y de una mediana objetividad editorial. Es una apuesta muy fuerte y riesgosa, sobre todo si se pierde.   

La cobertura informativa en torno a la gestión de la CFE en esta administración es particularmente reveladora de la parcial postura de ciertos medios de comunicación que han apostado a la mentira o el silencio para desprestigiar a esa empresa pública. Si nos guiáramos exclusivamente por la lectura del Reforma, El Universal, El Financiero o El Economista estaríamos seguros de que la CFE no ha hecho nada y que el sistema eléctrico nacional está a punto de colapsar por no incentivar la inversión privada, única salvadora posible. Aunque la realidad sea exactamente la contraria.

Los primeros días de mayo de 2024 en el mundo se registró una insólita ola de calor que disparó la demanda energética incidiendo en los sistemas eléctricos de muchos países. En México fue el pretexto ideal para desatar una campaña de desinformación. En tres días, del 8 al 10 de mayo, se publicaron 4,251 notas periodísticas, prácticamente todas en contra de la CFE. Veamos la tónica.

El 9 de mayo de 2024 el Universal publicó en sus ocho columnas: “Sector eléctrico nacional, frágil y sin inversión: especialistas. Apagones por la crisis actual serán cotidianos en todo el país hasta el 2028, anticipan”. En realidad, solo se afectó al 4% de los usuarios a nivel nacional con apagones de treinta minutos durante esos tres días. A partir del 11 de mayo la CFE compensó el déficit de generación eléctrica privada para atender el nuevo volumen de demanda y se dejaron de programar apagones. Claro que el diario no dio, ni dará, explicación alguna sobre sus fallidos vaticinios de qué seríamos víctimas de apagones cotidianos hasta el 2028.

Ese mismo 9 de mayo varios periódicos serios y especializados replicaron la misma información falsa en sus ochos columnas. Reforma y El Norte: “Acusan abandono de sistema eléctrico. Alertan inversión insuficiente en líneas de transmisión y distribución”. El Financiero: “Alerta por alza en frecuencia de apagones ante ola de calor. Expertos. Falta de inversión en transmisión y distribución para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, una de las causas”. El Economista: “Se avecina periodo crítico del sistema eléctrico del país en el corto plazo. La reserva de capacidad de generación es inferior a 6% en el pico de demanda y crece riesgo a fallas escalonadas de abasto. Apagones en 21 estados no son por mayor demanda, sino por falta de inversión en la red”. Despierta suspicacia que tres medios de circulación nacional utilicen los mismos argumentos de una misma fuente para editar sus ocho columnas. Por lo menos siembra la sospecha que esta postura editorial está promovida por empresas dedicadas a la transmisión y distribución de energía eléctrica. La mala noticia para estas empresas, estos medios y sus especialistas es que la realidad tiene otros datos.

Durante la presente administración la CFE invirtió un promedio de 9.5 mil millones de pesos anuales en mantenimiento, ampliación y modernización del sector eléctrico público. Una inversión nunca vista que se traduce en 22 proyectos de generación de energía limpia, 13 proyectos de generación de última tecnología a gas, ciclos combinados o de combustión interna, adquisición de 13 centrales, 60 proyectos prioritarios de transmisión y 41 de distribución. Puerto Peñasco y la Central de Abasto de la CDMX como parques fotovoltaicos son una realidad, igual que la conectividad de las penínsulas de Yucatán y de Baja California, además del abastecimiento a los trenes Maya, Interoceánico, Suburbano y El Insurgente. El sentido común dicta que la creciente inversión extranjera no sería posible sino se contara con un confiable sistema eléctrico nacional. Antes estos hechos y datos comprobables, los medios que promueven la inversión privada en el sector han construido un cerco de silencio. Ni los ven ni los oyen, mucho menos los difunden.

La inversión privada en el sector energético no sólo es deseable sino conveniente. De hecho, en la Ley de la Industria Eléctrica, que dos jueces declararon inconstitucional en 2024 poniendo el derecho humano a la ganancia por encima del derecho humano a la energía eléctrica, se preveía una participación del 54% del mercado para el sector público y un 46% para el privado. La presidenta electa ha reiterado su apoyo a este criterio de distribución del mercado energético nacional.

La inversión privada es conveniente si se apega a criterios básicos de planeación que no afecten al Sistema Eléctrico Nacional en su conjunto y hagan sinergia con sus planes de expansión. Pero también es conveniente si se dejan de lado las prácticas abusivas que legalizó la Reforma Energética de Peña Nieto. La generación de autoabasto más bien parece una simulación que sirve para no pagar a la CFE el servicio de transmisión. La producción de energías renovables tiene muchas complicaciones sino garantiza acumuladores para administrar la energía a fin de hacerla estable en lugar de intermitente. Las nuevas plantas de generación no se deben instalar y colgar de la red de alta tensión a su antojo. Sin embargo, este debate por el momento está ausente del marco de discusión de estos medios y sus especialistas.

Hasta ahora muchos medios han optado por la desinformación o el silencio en torno al sector eléctrico nacional en general y la gestión de la CFE en lo particular. Aún a costa de su propia credibilidad. Es una apuesta riesgosa si pensamos que el hilo siempre se corta por lo más delgado. Se pueden quedar colgados de la brocha.

La CFE seguirá fortaleciéndose en los próximos años. Después de la Reforma Judicial, la Energética es de las más urgentes. La correlación de fuerzas derivada del reciente proceso electoral es propicia para hacer estos cambios. Así como hay otros datos que estos medios corporativos no consideran, hay otros canales de distribución de contenidos que los difunden y, acaso por lo mismo, les están ganado audiencia y credibilidad.

Sin duda la inversión privada, nacional y extranjera, participará en el desarrollo energético del país, con el margen del 46& del mercado nacional y con un nuevo e inevitable marco regulatorio. En ese momento no será rentable seguir invirtiendo en su campaña de desprestigio contra la CFE. Por su parte, los medios que acríticamente los han promovido, además de perder apoyos, seguirán perdiendo influencia y credibilidad. Ese si es el tema sensible para su viabilidad. No se quieren darse cuenta que el nuevo ecosistema mediático ya no premia a la desinformación y al silencio, por lo menos como antes.

Transición 2024

Por Sergio Anzaldo Baeza

Llama la atención la cantidad de prejuicios y lugares comunes que predominan en la mayor parte de los análisis que se publican en torno a la transición política que vivimos.

La pretensión de comparar y analizar el actual proceso de transición con los anteriores lleva a conclusiones tan descabelladas y totalmente equivocadas como aquellas que aseguran que nos encontramos a la deriva autoritaria o las que de plano decretan la muerte de nuestra democracia. Nada más alejado de la realidad política del país y de la percepción mayoritaria de la gente.

Precisamente por seguir interpretando los fenómenos políticos con los antiguos lentes es que nuestra distinguida comentocracia y nuestra proverbial oposición llevan seis años equivocándose, tanto en sus análisis como en sus estrategias y tácticas políticas. Y lo siguen haciendo.

La realidad política es contundente: El 2 de junio de 2024 el poder soberano, el pueblo, le otorgó el poder reformador a Claudia Sheinbaum y al movimiento que la impulsa para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública en el país. Una mayoría, nunca vista en tiempos de la alternancia política, le dio la presidencia de la República y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para llevar a cabo el Plan C.  

Solo nuestros especialistas, comentocratas y opositores se llaman a sorpresa y exhortan a la generosidad política a la apabullante mayoría frente a la cada vez más reducida minoría. Atrapados en su laberinto, se ilusionan creyendo que todavía pueden detener, atemperar o bajar la velocidad a las reformas programáticas del Plan C. Lo que perdieron en las urnas lo quieren ganar en los medios corporativos, en los foros de análisis y en las mesas de negociación. A nombre de la democracia pretenden que se desconozca y traicione a la voluntad mayoritaria del 2 de junio.  Negacionistas, no entienden que la gente ya votó y aprobó las reformas.

Oposición y comentocracia tampoco entienden que fue su pésima estrategia política y mediática la que dio origen e impulso al Plan C. El plan original, el A, consistió en procesar reformas constitucionales mediante el debate legislativo. Los medios corporativos denunciaron la regresividad de las reformas y la oposición rechazó todo acuerdo en los primeros años del gobierno de López Obrador. De hecho, en un acto que constituye más un berrinche antidemocrático, que una eficaz táctica política, el 8 de junio de 2022 proclamaron públicamente una moratoria constitucional, cuyo primer punto señaló “en lo que resta a la LXV Legislatura, es decir, hasta 2024, los grupos parlamentarios de PAN, PRI, PRD no aprobaran cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. No calcularon que, con su berrinche, perdían la oportunidad de discutir e incidir en las reformas.

Ante la moratoria constitucional de la oposición, López Obrador decidió avanzar en su proyecto transformador a través de reformas a las leyes constitucionales. AMLO nunca contó con los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales, pero sí tenía los suficientes para reformar leyes. Así lo hizo. Como Plan B, con su mayoría simple, gestionó y reformó ciertas leyes secundarias. Sin embargo, ahora fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de bloquear estas reformas al declararlas inconstitucionales el 8 de mayo de 2023.  Medios y jueces, el clásico uno-dos del lawfare, fueron implacables. Recordemos que dos jueces tiraron la reforma a la ley eléctrica aprobada por el Congreso argumentando el derecho humano a la ganancia y, claro, fallas en el procedimiento. Ahí nació el Plan C.

Como respuesta a la decisión de la Suprema Corte, un día después, el 9 de mayo de 2023, en su Mañanera, el presidente López Obrador anunció: “ahí viene el C. No tiene remedio el poder judicial, está actuando de manera facciosa…Imagínense componerle la plana al poder legislativo…Al poder ejecutivo lo elige el pueblo…al poder legislativo lo mismo. El poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la Corte…que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, …deciden que una ley no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos… ¿Qué…hacer? Primero, que se tenga mayoría calificada en el congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución…Hay que ir por los 334 (diputados) en la próxima elección, para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el Plan C. Voy a enviar…reformas constitucionales. La del poder judicial, para que el pueblo elija a los ministros…” Medios, oposición y la Suprema Corte no lo tomaron en serio. Nunca creyeron que esta propuesta programática tuviera la fuerza suficiente para movilizar a una inmensa mayoría de ciudadanos y menos aún si Morena ni siquiera tenía canidat@ presidencial.

Cuando el 5 de febrero de 2024 López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales, la comentocracia, la oposición y la Corte tampoco lo tomaron en serio. Estaban convencidos que el pueblo estaba harto de AMLO y que la gente de bien añoraba los gobiernos prianistas. Para discutir la reforma judicial planteada en el Plan C, la Cámara de Diputados organizó 45 foros de consulta y debate. Evidentemente la Suprema Corte no atendió la convocatoria para participar en este diálogo democrático para discutir una eventual reforma al poder judicial. No tenía caso. Morena y sus aliados no tenían los votos para procesar una reforma constitucional y, además, los sesudos analistas proclamaban la imposibilidad de que los partidos oficialistas la obtuvieran en las urnas. Nuevamente dejaron pasar la oportunidad para reflexionar públicamente sobre el futuro del poder judicial. Se volvieron a tropezar con la misma piedra y volvieron a perder la oportunidad de incidir en su propio destino. También perdieron todas las quinielas. Y las van a seguir perdiendo en su absurdo alegato en torno a la sobre representación para que Morena no tenga la mayoría calificada en las Cámaras.

Con su arrogancia y soberbia comenotcracia, oposición y Suprema Corte generaron y consolidaron el Plan C. En la actual correlación de fuerzas su participación e incidencia en el presente político del país es, en el mejor de los casos, testimonial. Es lo más que pueden lograr con su participación en los actuales Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial convocado por el Congreso de la Unión. El 2 de junio de 2024 la voluntad soberana rompió el último dique que habían construido, con campañas negativas y chicanadas legaloides, para detener la Transformación. La legitimidad de Claudia Sheinbaum, Morena y aliados está indisolublemente ligada al Plan C.

La transición política del 2024 es la consolidación de la 4T mediante la construcción de su segundo piso. El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, así lo entienden y por eso trabajan de manera coordinada. Ambos protagonizan un proceso de entrega-recepción nunca visto. Viajan juntos para conocer a detalle qué se hizo, qué se está haciendo y qué se puede seguir haciendo. Acuerdan los tiempos, ritmos y modalidades de las reformas legales, administrativas y financieras que habrán de marcar la vida del país en el corto plazo. AMLO y Claudia ya están gobernado juntos. El Plan C ya está en marcha.

El PAN, el PRI y la Suprema Corte perdieron. El primer paso para rearmarse es reconocerlo. Pero no se ve claro. En el PAN no tienen prisa, en el PRI se quieren reelegir, en la Suprema Corte el cambio es inevitable. El PRD simplemente desapareció.

Desafiando los calendarios convencionales, cada día se alejan más de la próxima elección. Por su lado, es previsible que arrecien las campañas negativas en algunos medios de comunicación y aparezcan nuevos con ese propósito. Ya sin la Suprema Corte, es de los pocos recursos que le quedan a cierto sector de nuestra oligarquía política y económica para hacer presión. No cabe duda, vivimos tiempos interesantes.