- marcomiranda75
El 1 de noviembre de 2025 quedará marcado como uno de esos días en que la violencia política, esa que no se libra en escritorios ni discursos, se instala brutalmente en el corazón de una ciudad. En pleno Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de la ciudad, fue tiroteado en medio de la gente y murió minutos después en un hospital local. Tenía 40 años.

Manzo no fue un político como muchos otros. Desde su campaña y, sobre todo, desde que asumió el gobierno municipal en septiembre de 2024, decidió colocar su autoridad en contra del crimen organizado de forma frontal, denunció públicamente la infiltración de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios, y compartió en redes sociales operativos, decomisos de armas y resultados de detenciones, como la de René Belmonte “El Rino”, jefe de plaza del CJNG en la región.
Ese activismo incómodo para los intereses criminales marcó el camino de un hombre que terminó convertido en objetivo directo de ese mismo narco al que enfrentó.
Un ataque planificado y brutal
Según las autoridades estatales, el asesinato fue ejecutado por un grupo criminal con un plan calculado: un ataque kamikaze en medio de una multitud, con tiradores dispuestos a morir o ser detenidos para cumplir su objetivo.
El fiscal de Michoacán confirmó que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años reclutado por el CJNG, fue identificado como el tirador, y el arma usada fue vinculada con otros crímenes recientes en Uruapan. Más aún, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, reveló que el plan original incluía a dos tiradores, y que además del adolescente abatido, otros dos miembros de la célula criminal implicados fueron encontrados muertos días después.
Además, autoridades han detenido a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales ligados al CJNG (incluso con oferta de pago por el asesinato), así como a varios escoltas bajo investigación por omisión y posibles fallas graves en la protección del alcalde.
Este nivel de planificación y brutalidad no puede verse como un crimen aislado: es un mensaje directo de los grupos criminales hacia cualquier autoridad local que se atreva a desafiar su control territorial.
Un alcalde expuesto y una autoridad que falló
Manzo había advertido en múltiples ocasiones sobre las amenazas. En redes sociales, días antes de su muerte, documentó operativos y denunció que “estos hechos cobardes atentan contra la paz social y seguridad” de Uruapan. También había expuesto la muerte de sicarios en enfrentamientos y había llamado a reforzar la seguridad con apoyo federal y estatal.
A pesar de ello, y aunque contaba con escoltas y presencia de la Guardia Nacional, su solicitud de mayor respaldo nunca se tradujo en una estrategia integral que realmente mitigara el riesgo real y constante en Michoacán, uno de los estados más violentos del país y campo de disputa de múltiples cárteles.
La investigación incluso abrió una línea sobre una posible distracción en la seguridad del alcalde durante el ataque, aunque hasta ahora no hay evidencia concluyente de infiltración directa dentro de su escolta.
El crimen organizado como Estado paralelo
Lo que ocurrió en Uruapan no fue un simple homicidio. Fue la ejecución en pleno centro de una ciudad, ante cientos de civiles, de un alcalde electo que se atrevió a desafiar el statu quo criminal. Este tipo de atentados son símbolos de un poder que actúa como un Estado paralelo, capaz de decidir quién vive y quién muere, y de imponerse incluso sobre las autoridades públicas.
Especialistas han señalado que asesinatos políticos contra alcaldes no son eventos aislados en México, sino parte de un patrón más amplio en el que los grupos criminales buscan controlar gobiernos locales, influenciar políticas públicas y cooptar poder institucional a su favor. Y cuando el narco puede sentarse a decidir quién es políticamente inconveniente, el resultado no es solo muerte: es una intimidación permanente hacia cualquiera que aspire a hacer política independiente o confrontar su poder.
La muerte de Carlos Manzo pone en el centro una pregunta que México ha postergado demasiado tiempo: ¿es posible hacer política contra el crimen organizado sin pagar con sangre el intento?
La respuesta, cruda y dolorosa, revela que el actual esquema de seguridad y justicia aún no es suficiente para proteger a quienes deciden enfrentar frontalmente a los grupos criminales. La autoridad estatal y federal han condenado el homicidio y prometido justicia, pero la impunidad, el reclutamiento de jóvenes en “anexos” utilizados como semilleros de sicarios, y la capacidad de los cárteles para operar con audacia dentro de ciudades enteras muestran que el problema es estructural.
Hacer política en México no puede limitarse a discursos o condenas públicas. Requiere estrategias que reduzcan el reclutamiento criminal, fortalezcan el Estado de derecho y protejan activamente a quienes se arriesgan a cambiar la historia de sus municipios, sin que terminen como estadísticas más en la larga lista de políticos asesinados.
Carlos Manzo lo intentó. Pagó el precio máximo. El reto para México es no permitir que su sacrificio sea en vano.





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