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El 1 de noviembre de 2025 quedará marcado como uno de esos días en que la violencia política, esa que no se libra en escritorios ni discursos, se instala brutalmente en el corazón de una ciudad. En pleno Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de la ciudad, fue tiroteado en medio de la gente y murió minutos después en un hospital local. Tenía 40 años.



Manzo no fue un político como muchos otros. Desde su campaña y, sobre todo, desde que asumió el gobierno municipal en septiembre de 2024, decidió colocar su autoridad en contra del crimen organizado de forma frontal, denunció públicamente la infiltración de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios, y compartió en redes sociales operativos, decomisos de armas y resultados de detenciones, como la de René Belmonte “El Rino”, jefe de plaza del CJNG en la región.


Ese activismo incómodo para los intereses criminales marcó el camino de un hombre que terminó convertido en objetivo directo de ese mismo narco al que enfrentó.


Un ataque planificado y brutal


Según las autoridades estatales, el asesinato fue ejecutado por un grupo criminal con un plan calculado: un ataque kamikaze en medio de una multitud, con tiradores dispuestos a morir o ser detenidos para cumplir su objetivo.


El fiscal de Michoacán confirmó que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años reclutado por el CJNG, fue identificado como el tirador, y el arma usada fue vinculada con otros crímenes recientes en Uruapan. Más aún, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, reveló que el plan original incluía a dos tiradores, y que además del adolescente abatido, otros dos miembros de la célula criminal implicados fueron encontrados muertos días después.


Además, autoridades han detenido a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales ligados al CJNG (incluso con oferta de pago por el asesinato), así como a varios escoltas bajo investigación por omisión y posibles fallas graves en la protección del alcalde.


Este nivel de planificación y brutalidad no puede verse como un crimen aislado: es un mensaje directo de los grupos criminales hacia cualquier autoridad local que se atreva a desafiar su control territorial.


Un alcalde expuesto y una autoridad que falló


Manzo había advertido en múltiples ocasiones sobre las amenazas. En redes sociales, días antes de su muerte, documentó operativos y denunció que “estos hechos cobardes atentan contra la paz social y seguridad” de Uruapan. También había expuesto la muerte de sicarios en enfrentamientos y había llamado a reforzar la seguridad con apoyo federal y estatal.


A pesar de ello, y aunque contaba con escoltas y presencia de la Guardia Nacional, su solicitud de mayor respaldo nunca se tradujo en una estrategia integral que realmente mitigara el riesgo real y constante en Michoacán, uno de los estados más violentos del país y campo de disputa de múltiples cárteles.


La investigación incluso abrió una línea sobre una posible distracción en la seguridad del alcalde durante el ataque, aunque hasta ahora no hay evidencia concluyente de infiltración directa dentro de su escolta.


El crimen organizado como Estado paralelo


Lo que ocurrió en Uruapan no fue un simple homicidio. Fue la ejecución en pleno centro de una ciudad, ante cientos de civiles, de un alcalde electo que se atrevió a desafiar el statu quo criminal. Este tipo de atentados son símbolos de un poder que actúa como un Estado paralelo, capaz de decidir quién vive y quién muere, y de imponerse incluso sobre las autoridades públicas.


Especialistas han señalado que asesinatos políticos contra alcaldes no son eventos aislados en México, sino parte de un patrón más amplio en el que los grupos criminales buscan controlar gobiernos locales, influenciar políticas públicas y cooptar poder institucional a su favor. Y cuando el narco puede sentarse a decidir quién es políticamente inconveniente, el resultado no es solo muerte: es una intimidación permanente hacia cualquiera que aspire a hacer política independiente o confrontar su poder.


La muerte de Carlos Manzo pone en el centro una pregunta que México ha postergado demasiado tiempo: ¿es posible hacer política contra el crimen organizado sin pagar con sangre el intento?


La respuesta, cruda y dolorosa, revela que el actual esquema de seguridad y justicia aún no es suficiente para proteger a quienes deciden enfrentar frontalmente a los grupos criminales. La autoridad estatal y federal han condenado el homicidio y prometido justicia, pero la impunidad, el reclutamiento de jóvenes en “anexos” utilizados como semilleros de sicarios, y la capacidad de los cárteles para operar con audacia dentro de ciudades enteras muestran que el problema es estructural.


Hacer política en México no puede limitarse a discursos o condenas públicas. Requiere estrategias que reduzcan el reclutamiento criminal, fortalezcan el Estado de derecho y protejan activamente a quienes se arriesgan a cambiar la historia de sus municipios, sin que terminen como estadísticas más en la larga lista de políticos asesinados.


Carlos Manzo lo intentó. Pagó el precio máximo. El reto para México es no permitir que su sacrificio sea en vano.

Durante días, la versión oficial insistió en una idea simple: Estados Unidos actuó para liberar a Venezuela. La salida forzada de Nicolás Maduro, ejecutada mediante un operativo encabezado por Washington y celebrada por Donald Trump, fue presentada como un acto de justicia histórica contra un dictador señalado por corrupción, autoritarismo y vínculos criminales. El mensaje era claro: cayó el tirano, comienza la reconstrucción.



Pero en política internacional, las explicaciones simples suelen ocultar motivaciones complejas.


La operación en Venezuela no puede leerse únicamente como un acto de “ayuda democrática”. Su dimensión militar, el discurso posterior de Trump y, sobre todo, el énfasis inmediato en la inversión petrolera revelan que estamos frente a algo más profundo: una intervención con claros intereses estratégicos, económicos y geopolíticos, cuyos efectos trascienden por mucho las fronteras venezolanas.


El petróleo: la pieza clave del ajedrez


Venezuela no es cualquier país. Es, todavía hoy, uno de los territorios con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, un activo estratégico que ha definido su historia, sus crisis y su relevancia internacional. Durante años, ese petróleo fue el salvavidas del régimen chavista, pero también su carta de negociación frente a potencias que buscaban desafiar la hegemonía estadounidense.

China y Rusia entendieron eso antes que nadie.


En medio de sanciones y aislamiento, China se convirtió en el principal comprador del crudo venezolano, asegurando suministros energéticos a precios favorables y fortaleciendo una relación política que le permitió ganar presencia en América Latina. Para Pekín, Venezuela no sólo era un proveedor: era un punto de apoyo en el hemisferio occidental, una cuña incómoda para Washington.

Rusia, por su parte, apostó por una estrategia distinta pero complementaria: respaldo político, cooperación militar y acuerdos energéticos que le permitieron mantener influencia simbólica y estratégica en la región. Caracas se volvió, así, un enclave incómodo para Estados Unidos en su propio patio trasero.

La caída de Maduro altera ese equilibrio.


No es casual que, apenas anunciada la operación, Trump hablara de reactivar la industria petrolera venezolana con capital estadounidense, de abrir el sector a grandes petroleras occidentales y de redirigir el flujo del crudo. En términos geopolíticos, esto implica algo fundamental: desplazar a China y reducir la influencia rusa, arrebatándoles uno de sus socios energéticos más importantes en América Latina.

Aquí, el petróleo deja de ser un recurso económico y se convierte en un arma estratégica. Controlar su producción, sus contratos y sus rutas de exportación significa redefinir alianzas, castigar rivales y reforzar la posición estadounidense en un contexto global cada vez más polarizado.


Intervención con discurso moral


Estados Unidos no necesitó decirlo explícitamente. El mensaje fue implícito pero contundente: quien controle los recursos estratégicos controla también el futuro político. Y bajo esa lógica, la intervención en Venezuela se presenta como un precedente inquietante.


Porque el argumento humanitario, aunque tenga elementos reales, funciona también como coartada. Nadie niega que Maduro encabezó un régimen autoritario ni que millones de venezolanos padecieron sus consecuencias. Celebrar el fin de una dictadura puede ser legítimo. Lo problemático es confundir esa celebración con una aprobación automática del método utilizado.


La captura de un jefe de Estado mediante un operativo extranjero y la posterior reorganización de su sector energético bajo tutela externa no es un acto neutro. Es intervencionismo. Y en América Latina, esa palabra tiene memoria.


El precedente peligroso


Lo ocurrido en Venezuela abre una pregunta incómoda para la región:si Estados Unidos puede intervenir militarmente en un país bajo el argumento de liberar a su pueblo y, al mismo tiempo, reorganizar sus recursos estratégicos, ¿qué impide que este modelo se replique en otros escenarios?


Países con recursos clave, gobiernos incómodos o alianzas con potencias rivales quedan, de pronto, bajo una nueva lógica de riesgo. La soberanía deja de ser un principio absoluto y se convierte en una variable negociable frente a los intereses geopolíticos de las grandes potencias.


Ni aplauso ingenuo ni nostalgia autoritaria


Este análisis no pretende defender a Maduro ni romantizar su caída. Tampoco justificar los abusos de un régimen que empobreció a su población y cerró espacios democráticos. Pero tampoco se trata de aplaudir sin reservas una intervención que responde, en buena medida, a intereses energéticos y estratégicos ajenos al bienestar venezolano.


La historia latinoamericana enseña que cuando el petróleo entra por la puerta, la soberanía suele salir por la ventana. Y aunque hoy algunos celebren la caída del dictador, mañana podrían lamentar el costo político de haber cambiado una tutela por otra.


Venezuela, más que una liberación, es una advertencia. Y el resto de América Latina haría bien en leerla con atención.

Por Sergio Anzaldo


Aceptando sin conceder que todos tengan razón en la intensa polémica alrededor de las conferencias matutinas (las famosas “mañaneras”), es evidente que su peso en la comunicación política de México no ha hecho más que evolucionar. A un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, vale la pena mirar hacia atrás, comparar, y ver qué ha cambiado… y qué permanece.



Las mañaneras de antes.


Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo conferencias matutinas ya cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, alrededor del 2000-2006, con la intención de provocar una ruptura mediática: quería penetrar directamente el ciclo informativo nacional ante medios dominantes, para que su voz y narrativa no dependieran de los grandes noticieros de TV o los periódicos.


Recordemos que en el 2000 El Canal de las Estrellas era prácticamente el único medio de alcance nacional, así las notas que marcaban la agenda nacional eran las que aparecían en el noticiero nocturno de la televisión. Los periódicos, de alcance mucho más restringido, publicaban las noticias del día anterior. En ese momento la radio matutina estaba condenada a replicar la información de la TV y de los periódicos. Sólo Gutiérrez Vivó pudo posicionarse como el noticiero radiofónico número uno de la Ciudad al convertirse en una suerte de premoción del Waze con la información vial.


En este horizonte, nadie calibró el impacto que alcanzarían las Mañaneras que AMLO inició el 31 de mayo de 2001. Modificó el ciclo informativo de la época al colocar a la radio como el centro de las primicias informativas en tiempo real, desplazando a la TV.


De ahí la pertinencia estratégica de realizarlas a las 6.30 de la mañana. Su intención no era competir con los noticieros matutinos de la época, sino de posicionarse como la principal fuente informativa de la radio para que pudiera competir con la TV y los periódicos por la agenda pública. Con el tiempo la TV y los periódicos tuvieron que retomar la información de las mañaneras, so pena de quedarse rezagados en la competencia informativa.


Esta estrategia la aderezó con información apegada a criterios noticiosos: oportuna, cercana, sorprendente, polémica, beligerante, etc. pero nada light. Así estuvo en condiciones de competir por la agenda mediática con el gobierno federal encabezado por el primer presidente que derrotó al PRI después de 70 años de gobierno, Vicente Fox, quien, por cierto, desde el primer mes de su mandato cedió el escenario mediático, nacional e internacional, al inefable Sub-Comandante Marcos, a Dorito y al Zapatour y luego a su vocero presidencial.


Las 1,377 mañaneras le permitieron a AMLO definir la agenda mediática

nacional desde el gobierno local, posicionarse nacionalmente, así como alcanzar y mantener amplios márgenes de aprobación que darían sustento a sus aspiraciones presidenciales. Además, centralizó la información evitando contradicciones a su narrativa, construyó una fuente periodística cercana y confiable nulificando las entrevistas banqueteras. Este fue el saldo de las 39,117 preguntas que contestó AMLO en sus mañaneras como jefe de Gobierno del D.F.


Las mañaneras de hoy.


De acuerdo con lo expresado por el propio presidente López Obrador durante su primera emisión, el propósito de la nueva temporada de las mañaneras es el de garantizar el derecho a la información sobre los asuntos públicos.


Podemos agregar que en esta segunda temporada las mañaneras también se han constituido en uno de sus principales instrumentos de gobernabilidad que le permite mantener, según las encuestas, más del 60% de aprobación, aún en una coyuntura mundial adversa marcada por las crisis sanitaria y económica.


Las mañaneras constituyen un modelo de comunicación política que AMLO desarrolló hace 20 años. Nadie como él pondera su importancia estratégica. Por eso su primera emisión fue su primer acto público de su primer día hábil como presidente, 3 de diciembre de 2018. Recordemos que como jefe de Gobierno le tomó 6 meses encontrar la cuadratura al círculo. Ahora, ya tenía probado el modelo y solo repite lo que ya le dio resultado.


En lo general las mañaneras de antes y las de hoy son el mismo modelo de comunicación, pero con resultados diferentes que obedecen a dos cambios fundamentales de contexto.


En primer lugar, las redes sociales transformaron radicalmente no solo los ciclos informativos, sino también los canales de distribución de contenidos y los hábitos de consumo de medios. Gracias a las benditas redes sociales las mañaneras cuentan con canales propios de distribución de contenido con capacidad potencial de llegar a todo usuario de una red en tiempo real.


Así, los medios tradicionales se ven obligados a retomarlas como fuente informativa, independientemente de si es para criticar o para apoyar lo que se diga. De hecho, entre más polémica, mejor.


En segundo lugar, la dimensión política del emisor, AMLO, cambió cualitativamente. Ahora es presidente de México y con ello se disparó el alcance e impacto consustancial de sus contenidos. Por ejemplo, que yo recuerde nunca lo señalaron por atentar contra la libertad de expresión por sus mañaneras como jefe de Gobierno, como ahora sí lo hacen como presidente de México, siendo que su dinámica argumentativa se ha mantenido más o menos igual de beligerante, directa y personalizada.

En fin, ya habrá tiempo de analizar a detalle la realidad de las mañaneras, como diría el camarada Niklas Luhmann, o de detenerse en la discusión jurídica-política sobre su pertinencia o impertinencia.


Por lo pronto es un hecho que las mañaneras constituyen un arriesgado, pero efectivo modelo de comunicación para aquellos actores políticos que se quieran subir a la batalla mediática. Es probable que veamos algunos rounds de sombra por parte de algunos gobernantes locales, como Samuel García quien prometió un modelo tropicalizado de las mañaneras de AMLO para mantener informados a los neoloneses. La batalla mediática nunca termina. Y seguirá evolucionando de la mano de la tecnología y de la audacia e imaginación de los actores políticos.



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