Manuel Bartlett: génisis y función del estereotipo

Por Sergio Anzaldo Baeza

Ave de tempestades, Manuel Bartlett es uno de los más polémicos políticos de nuestro escenario nacional. Tiros y troyanos lo ven con suspicacia. Su nombre remite, de manera automática, a uno de los episodios más oscuros de nuestra historia política: la caída del sistema y el fraude electoral de 1988. De hecho, para la opinión pública y para la ilustre comentocracia no hay duda alguna de que Bartlett es la persona que manipuló, en unas cuantas horas, los resultados electorales que acabaron favoreciendo a Carlos Salinas de Gortari a costa del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas como presidente de la república. Artífice de la caída del sistema, le han llamado en más de una ocasión. Pero ¿si no fuera así? ¿Es posible que estemos ante la construcción de un estereotipo, es decir, de una construcción imaginaria e inmutable socialmente aceptada que nos sirve para entender el proceso electoral de 1988 y señalar a Bartlett como una suerte de Darth Vader de la política mexicana? La revisión puntual de los hechos apunta en este sentido.

En 2018 el propio Manuel Bartlett publicó el libro “Juicio por Daño Moral. Estudio de caso: La caída del sistema” bajo el sello editorial de Porrúa, en el que describe y transcribe el proceso legal que emprendió en agosto de 2006 contra Germán Martínez Cásares por daño moral al haberlo señalado como “artífice de la caída del sistema y presunto asesino de Buendía”. El estudio de Bartlett ofrece una singular oportunidad de deconstruir la génesis y función de su estereotipo en particular.

La estereotipación.

El 31 de mayo de 2006 Martínez, en ese entonces diputado federal y representante del PAN, sin venir al caso ni el tema ni la persona en cuestión, señaló en la Sesión del Consejo General del IFE: “nosotros (refiriéndose al PAN y a él mismo) no tenemos doble discurso… No exigimos explicaciones a Diego Fernández de Ceballos por la quema de los paquetes electorales y ahora abrazamos a Manuel Bartlett… artífice del fraude electoral de 1988 y presunto asesino de Buendía”.  Es decir, a German Martínez le pareció prudente descalificar a sus oponentes del momento recurriendo a un estereotipo que formaba parte de su imaginario personal.

El 1 de agosto de 2006, un mes después de concluir su cargo como senador, Manuel Bartlett presentó su demanda contra German Martínez en su calidad de representante del PAN, no de diputado federal pues la alusión personal no se derivó de comisión o circunstancia alguna de su trabajo legislativo. Después de diez meses en que eludió la notificación, Martínez contestó la demanda y, luego de un largo y sinuoso proceso de demandas, sentencias y amparos, el juicio concluyó un sexenio más tarde, noviembre de 2022, con la exoneración por parte de la Suprema Corte de Justicia que determinó, contra toda evidencia y sentido común, que Martínez había dicho sus dichos en calidad de diputado federal. Esta resolución contravino la resolución de los juicios anteriores, que habían dado la razón al demandante. Las sentencias previas a la de la Suprema Corte, le dieron la razón a Bartlett de que Martínez carecía de sustento para señalarlo como “artífice de la caída del sistema y presunto asesino de Buendía”, es decir, convinieron en que el señalamiento era un estereotipo, una invención, pero la Suprema Corte, para variar, no entró al fondo del asunto, y se quedo con la forma de que la entonces calidad de Martínez como diputado federal le daba impunidad para decir lo que se le antojará sobre cualquier tema, en cualquier lugar y circunstancia.

La génesis del estereotipo.

El 6 de julio de 1988 por la noche Diego Fernández de Ceballos anunció la “caída o callada del sistema”. Ahí empezó la construcción del estereotipo que de manera inmediata se endilgó a Bartlett, aun cuando él no la profirió.

Al escuchar “caída o callada del sistema” automáticamente se piensa en manipulación de bases de datos, en algoritmos malévolos, en hackers capaces de alterar y modificar los resultados de cualquier programación. Pero en 1988, no había nada de eso, simplemente no existían las herramientas tecnológicas. Los celulares eran una novedad, se empezaron a utilizar en 1984; el éxito musical “El Celular” de los Tigres del Norte data de 1992. El internet se empezó a usar en 1989, un año después de la “caída o callada del sistema”.

En conclusión, la “caída o callada del sistema” no se podía referir a un eventual fraude cibernético. Más bien con su frase Fernández de Ceballos aludió a que durante poco menos de cinco horas fallaron los teléfonos que se utilizaron para alimentar el Sistema Nacional de Información Político-Electoral que instaló la secretaría de Gobernación. Este Sistema consistía en un pizarrón en el que se anotaban los resultados de las contadas casillas que disponían de teléfonos fijos para comunicar la información correspondiente. Las líneas telefónicas, como sigue sucediendo, fallaron, pero el conteo de votos en las casillas nunca se detuvo. Por cierto, Carlos Slim todavía no era dueño de Telmex.

Más que un sistema, los que se estrenó en la elección de 1988 fue un procedimiento de conteo público de votos que, por cierto, sigue vigente. En el Código Federal Electoral de la época se dispuso que, por primera vez, los votos se contarían en las casillas y los resultados se harían públicos en esa casilla mediante la copia del acta correspondiente que se pegaría en la fachada y estaría firmada por los representantes de los partidos. Posteriormente, los paquetes electorales de las 54,641 casillas, forrados con otra copia del acta, se trasladarían a los 300 distritos electorales en donde se leerían en voz alta frente a los representantes de los partidos los resultados, y se resguardarían para su posterior traslado. El Código fijaba 36 horas de plazo para realizar esta operación. Así fue. Finalmente, los paquetes de los 300 distritos electorales se enviarían a la Cámara de Diputados que, instalado en Colegio Electoral, calificaría la elección y resguardaría boletas y actas. Y así fue.

Este nuevo procedimiento para contabilizar y hacer públicos los votos en las distintas fases de su conteo, no implicaba que no se hicieran trampas a lo largo del proceso. En ese entonces era usual el cambio de última hora de domicilio de las casillas, ratón loco se le conoce a esta táctica en la jerga de los mapaches electorales. También se utilizaba el embarazo de urnas, es decir había urnas que se llenaban antes de la elección. De igual manera se recurría a la alteración de los números o a fallas deliberadas en los conteos. En fin, eran muy variadas las formas en que se podían alterar los procesos electorales, pero siempre antes del llenado de las actas que para su validez requerían de la firma de los representantes de partido presentes en las casillas y cuya constancia se hacía pública y se deja a la vista de todos. De cualquier manera, no hay forma de comprobar, ni mucho menos de cuantificar el volumen de este tipo de irregularidades, pues, tres años después el PRI y el PAN votaron para que los paquetes electorales fueran destruidos y, con ello, toda evidencia del fraude electoral de 1988.

El panista que abogó por la quema de las pruebas fue el entonces diputado federal Diego Fernández de Ceballos, quien el 20 de diciembre de 1991 desde la tribuna del Congreso de la Unión arengó: “Han pasado 3 años y esos paquetes nada representan y nada significa: han sido custodiados por el gobierno, sin propósito alguno conocido y a esta fecha pueden contener o no los datos y resultados que en aquel año contenían. El proceso electoral de 1988 como tal ya forma parte de nuestra historia, nadie la puede modificar…Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos…”. Sin embargo, con la quema de las boletas, también ardieron las evidencias que eventualmente podían poner en entredicho el estereotipo creado sobre esa elección.

La adjudicación del estereotipo

La sencillez, claridad, contundencia, brevedad y poder metafórico de la frase de Fernández “la caída o callada del sistema” sirvió para que los medios y los analistas especializados entendieran e hicieran ininteligible ese proceso electoral para toda la gente. Su poder metafórico fue clave en ese momento: más que referirse a la calla del sistema telefónico, sirvió para aludir a la caída del sistema de partido hegemónico. Para los titulares de los medios funcionó a la perfección en su versión corta: “la caída del sistema”. Y debido a la simplificación, los medios dieron por sentado que Bartlett, en su calidad de secretario de Gobernación, había pronunciado esa frase y era el artífice de esa estratagema. En estos tiempos que se vive en medio de sistemas computacionales el poder metafórico de la frase se ha refrescado: hoy hace pensar que Bartlett tuvo la capacidad técnica de alterar los resultados mediante una siniestra programación. De ahí que en la actual cultura política “la caída del sistema” signifique fraude electoral del 88 instrumentado por Manuel Bartlett, cuando en los hechos no fue así.

Justamente Martínez en su alegato de defensa recurrió como prueba a este saber del dominio público. Para argumentar su defensa presentó un amplio catálogo que sus abogados llamaron “el trabajo de periodistas y escritores, en programas de televisión, en relación con los dos acontecimientos materia de esta Litis”. Es decir, utilizó como pruebas de descargo las interpretaciones que en relación con el proceso electoral elaboraron diversos medios, actores políticos e intelectuales que constituyen las diversas fuentes de conocimiento sobre el tema. Para sostener su dicho Martínez citó múltiples obras, artículos de revistas, periódicos y series de televisión en los que según él se comprobaba que Bartlett es “el artífice de la caída del sistema”. Entre la nómina de autores más conocidos a los que apeló se encuentran Miguel de la Madrid Hurtado, Enrique Krauze, Jorge Castañeda, Soledad Loeza, Carlos Monsiváis, Jorge Alcocer, Federico Cambell, José Agustín, la serie “México: la historia de la democracia” de Televisa y la revista Proceso. El mérito del libro de Bartlett, “Juicio por Daño Moral” es que se da a la tarea de analizar el contenido de cada cita que, en muchos casos Martínez manipuló, y, en otros casos, simplemente hicieron eco del estereotipo creado alrededor del proceso electoral de 1988 y de Manuel Bartlett.

La función del estereotipo.

Según el creador de la teoría de los estereotipos, Walter Lippman, éstos son los que nos permiten conocer, entender y conducirnos en el mundo, debido a su familiaridad y capacidad de simplificación. En su libro “La Opinión Pública” Lippman precisa: “Los estereotipos constituyen una imagen ordenada y más o menos coherente del mundo, a la que nuestros hábitos, gustos, capacidades, consuelos y esperanzas se han adoptado por sí mismo. Puede que no formen una imagen completa, pero son la imagen de un mundo posible al que nos hemos adaptado. En él las personas y las cosas ocupan un lugar inequívoco y su comportamiento responde a lo que esperamos de ellos”. Así, la expresión “caída del sistema” proporciona una versión conocida y comprensible de la elección de 1988, aunque manipulada.

Además de esta dimensión epistemológica del estereotipo, también tiene una intencionalidad política. Mark Thompson en su libro “Sin Palabras. ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política?”, muestra como el Obamacare, la propuesta de reforma de Barak Obama para extender la cobertura del sistema sanitario fue tirada con un estereotipo que acabó con toda discusión y argumentación posible en un santiamén, pues en realidad se trataba del “comité de la muerte de Obama”. La incitativa de Obama no prosperó y las compañías de seguros siguieron durmiendo tranquilos.

Por su parte, el estereotipo de Manuel Bartlett como “artífice de la caída del sistema”, sirve para ocultar el asenso de un nuevo régimen político en el que, a través de la alternancia democrática entre el PRI y el PAN, se construyó y consolidó una nueva oligarquía a costa de concesiones gubernamentales. En otras palabras, el estereotipo de “la caída del sistema” contribuyó a encubrir el surgimiento del contubernio entre el PRI y el PAN. Este amasiato salió a la luz pública a partir del Pacto por México y hoy están fusionados con “Fuerza y Corazón por México”. En este escenario Manuel Bartlett es un funcional “chivo expiatorio” al cual todavía recurren los del PRIAN, y muchos analistas especializados, en caso de apuro. El propio Bartlett lo sabe: Así tituló el primer capítulo de su libro.

Tótem, la película

Por Nohemy García Duarte.

Después de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en febrero del 2023, de presentarse con gran éxito en muchos otros certámenes cinematográficos de Europa, Asia y América, en los que acumuló más de cuarenta reconocimientos, se estrena en México Tótem (2023), segundo largometraje de Lila Avilés que, además, fue seleccionado por la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas para competir en la categoría de mejor película en los Premios Óscar (en Hollywood, Estados Unidos) y Premios Goya (en España) de 2024.

Con estos antecedentes, desde noviembre del año en curso, Tótem se puede ver en las principales salas comerciales de una importante cadena de cine a nivel nacional, así como también en algunos foros culturales de la Ciudad de México como la Cineteca Nacional de las Artes. Tal difusión obedece a la buena recepción que este filme tuvo en su recorrido por los diversos festivales en la materia, entre los que se encuentra el Festival Internacional de Morelia, donde ganó el Premio a la Mejor Película, Mejor Dirección y Premio del Público a Mejor Largometraje Mexicano de Ficción.

Esta afortunada acogida del público, de la crítica especializada y de la prensa internacional tiene muy contento al elenco de Tótem como a la propia directora del mismo, quienes se han sorprendido por “tantas nominaciones y tantas participaciones en festivales”. El secreto de este éxito se lo explican de diversas maneras, según han declarado en las múltiples entrevistas realizadas con los medios. Por un lado, afirma Lila Avilés, “en esta peli hay una parte muy humana que nos conecta a un corazón en África, en China, en Perú, en Estados Unidos, más allá de géneros, idiosincrasias, religiones o conceptos particulares. Pensamos que somos muy diferentes, y sí lo somos, bendita diversidad, pero en esa diversidad te das cuenta que también somos muy iguales desde la parte humana, emocional.”

Por otro lado, la elección de actores y actrices participantes también parece ser un factor que jugó en favor de la película, considera la actriz Montserrat Marañón, quien encarna a uno de los personajes coestelares de Tótem. “Somos gente de teatro, y la elección de actrices y actores fue perfecta, como es un hogar, y a partir de ejercicios teatrales se llegó a tener el elenco perfecto.”

Al respecto Lila Avilés coincide plenamente en otra de sus intervenciones públicas. “El casting fue muy duro, pero sabía que ahí estaba la película. Ese era la médula del filme. Lo sabía. Si yo tenía el casting adecuado había película, si no lo lograba, no había nada que la salvara.” Una peculiaridad de Tótem es que la mitad de los actores son profesionales con mayor experiencia en teatro que en cine, y la otra mitad no son actores, por ejemplo, las dos niñas protagónicas en las que recae buena parte de la acción cinematográfica y, a pesar de su falta de experiencia histriónica, salen muy bien libradas con su actuación.

La historia de Tótem se desarrolla alrededor de una familia mexicana de pocos recursos económicos, y que, a pesar de esta limitación, se esfuerza por festejar el cumpleaños de Tonatiuh, o Tona, como cariñosamente le dicen a quien también es papá de la niña Sol. A través de la mirada de este personaje infantil, de escasos siete años de edad, transcurre la película con toda su inocencia e ingenuidad, pero asimismo con toda su crudeza y tristeza por los sentimientos que cada personaje transmite al espectador.

Tótem es una cinta cuya carga emocional y dramática recae principalmente en personajes femeninos variados, tanto por su edad como por su personalidad, su carácter y su forma de pensar. En una problemática familiar los lazos de afecto las une y les da vigor para superar adversidades más allá de sus limitaciones. Se trata de una historia intimista que reivindica el amor en sus múltiples facetas: de hij@, madre/padre, herman@, pareja, compañer@ y amig@ sin caer en excesos melodramáticos. Los personajes masculinos también están presentes en Tótem, e incluso tienen un peso emotivo importante, pero siempre desde una perspectiva femenina.

No tengo más que decir en torno a este segundo largometraje de Lila Avilés, que la consolida como una cineasta con un estilo y una mirada innovadoras en el mundo del arte cinematográfico contemporáneo, a pesar de que su formación profesional venga de las artes escénicas. Avilés se introdujo en el medio artístico como actriz y directora de teatro, luego se interesó en la creación de historias y completó su formación de manera autodidacta. Así, poco a poco se abrió camino en la pantalla grande, escribió y produjo sus primeros cortometrajes con patrocinio obtenido por concurso. La Camarista (2018) su primer largometraje, también contó con financiamiento público, mientras que ahora Tótem (2023), su segundo largometraje, es resultado de una coproducción entre México, Dinamarca y Francia.

L@s invito a disfrutar de este filme que fortalece la trayectoria fílmica nacional más allá de nuestras fronteras.

Lawfare en México: caso CFE

Por Sergio Anzaldo Baeza.

El lawfare es un concepto relativamente nuevo que sirve para describir la utilización abusiva o ilegal de instancias judiciales y la manipulación de las redes sociales y de los medios de comunicación para inhabilitar o promover el repudio popular de un oponente o de una causa específica que se está combatiendo. El vocablo lawfare es una contracción gramatical de las palabras inglesas “law”, ley, y “wafare”, guerra, y alude al fenómeno de golpe de estado blando, que significa hacerse indebidamente del poder manipulado la justicia y los medios de comunicación, en lugar de recurrir a la fuerza militar, para derrocar a quienes fueron electos democráticamente.

En su libro sobre estrategia militar publicado en 1999, Unrestricted Warfare, los escritores chinos Qiao Liang y Wang Xiansui precisan que en esta guerra mediática los medios de comunicación sirven como órganos de propaganda con el fin de generar una gran presión pública contra una persona, un grupo o una causa considerada como enemiga. Su meta es debilitar la moral del enemigo y originar un apoyo popular para sustituir por la vía jurídica a quien ganó en las urnas.

En Latinoamérica el lawfare es particularmente grave. La recurrencia de este fenómeno motivó a un grupo de investigadores agrupados en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica a constituir en 2021 el “Observatorio de Lawfare CELAG” a fin de monitorear y analizar esta nueva modalidad de la batalla política por el poder público en un régimen democrático. Sus motivos no son pocos ni menores: Al golpe militar de 1964 en Brasil le siguió el procedimiento judicial contra Lula da Silva y la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016, aunque en el 2022 el Ministerio Público Federal de Brasil concluyó que no había delito que perseguir. Al golpe militar de Argentina de 1973, promovido por el finado Henry Kissinger, le siguió la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner; al golpe de Paraguay de 1954 le siguió la destitución de Fernando Lugo en 2012; al golpe en el Perú en 1975 le siguió la destitución de Pedro Castillo en 2022; al golpe militar en Bolivia en 1971 le siguió la destitución de Evo Morales en 2019. Primero fueron militares, ahora son jueces y medios de comunicación quienes derrocan a gobiernos electos por la vía democrática.

Como se puede apreciar, una peculiaridad del lawfare es que, por lo menos en América Latina, se utiliza contra gobiernos de izquierda electos democráticamente, igual que en el pasado sucedía con los golpes militares. En este sentido el lawfare expresa una tensión entre un poder ejecutivo que intenta cambiar la correlación de fuerzas al interior de un régimen para promover cierta redistribución de la riqueza, y un poder judicial, apoyado por ciertos medios de comunicación, que hacen hasta lo indebido para mantener el statu quo utilizando el aparato judicial como dique contra cualquier reforma que intente alterar la correlación de fuerzas y mejorar la distribución de la riqueza. En países con tanta desigualdad como los latinoamericanos, el poder judicial se orienta a conservar privilegios y ventajas de una minoría frente a demandas de mayorías, incluso si éstas han logrado ganar el poder ejecutivo en las urnas.

Por ello, el observatorio de la CELAG define al lawfare como “una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública”. Este grupo de investigadores precisa el modelo general de operación del lawfare: “esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos”.

El lawfare proporciona un marco teórico para dimensionar la actual disputa en México entre el poder ejecutivo y el poder judicial, independientemente de las personalidades involucradas y de los gritos y sombrerazos ventilados en los medios de comunicación. Con frecuencia asistimos a desencuentros frontales y abiertos entre los dos poderes y un grupo especifico de consorcios mediáticos. Más allá de las finesas jurídicas, esta disputa representa una batalla sin cuartel sobre el papel del estado. Por un lado, el poder ejecutivo impulsa una agenda que convierta al Estado en un agente activo y responsable del bienestar social y, por otro, el poder judicial se afana en detener esa agenda transformadora para mantener las reformas privatizadoras de ciertos sectores de la economía que impulsaron los gobiernos anteriores, particularmente el de Peña Nieto. Parafraseando al padrino, esta disputa no es personal, solo son negocios. Un caso reciente protagonizado por Manuel Bartlett ilustra con claridad esta disputa y ejemplifica la modalidad de lawfare en el que estamos inmersos en México.

En su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados, Manuel Bartlett denunció que desde hace cinco años la CFE ha sido víctima de una intensa campaña de lawfare. Hasta donde sé, es el primer funcionario que hace una denuncia de este tipo. De inicio, Bartlett definió el centro de la controversia: La instrucción del presidente fue rescatar a la Comisión Federal de Electricidad del marco jurídico de la reforma energética aprobado por el régimen anterior, de la claudicación ante los intereses hegemónicos que diseñaron la desaparición de la empresa nacional para apoderarse del sistema eléctrico como negocio privado trasnacional. El dilema es: empresa del Estado o negocio privado.

De la mano del texto de Arantxa Tirado, quien por cierto es integrante de la CELAG, “El Lawfarfe, Golpes de Estado en nombre de la ley”, Bartlett describe en su intervención ante la Cámara de Diputados cómo desde el ámbito jurídico se han protegido los intereses particulares de estos grupos en detrimento de los intereses de la nación. Precisa que las sociedades de autoabasto son monopolios privados que venden energía ilegalmente a más de 77 mil socios simulados, mismos que concentran a los más grades consumidores fuera de cualquier competencia. La COFECE, órgano autónomo del estado, se niega a iniciar cualquier investigación sobre este tema, mientras cuestiona y obstaculiza cada acción de la CFE con el argumento de la libre competencia.

Por otra parte, argumenta Bartlett, los productores independientes de energía tampoco compiten, no entregan el 100 por ciento de la energía comprometida, pero si le cobran a la CFE el 100 por ciento. Tienen asegurado su negocio por 25 años. Estos dos modelos de negocio privado concentran el 43% de un mercado virtual y constituyen la columna vertebral de la reforma energética impulsada por Peña Nieto. Según Bartlett hasta el momento han causado una afectación de 66 mil millones de pesos. Por su parte, los juzgados se han dedicado a proteger estos dos modelos de negocio. Recordemos que en octubre de 2023 un tribunal ratificó la suspensión de pago de una multa a Iberdrola Energía Monterrey por 9 mil 145 millones de pesos derivada de vender electricidad generada en la modalidad de autoabastecimiento a particulares no incluidos en su permiso.

El tercer elemento de esta campaña de lawfare contra la CFE señalado por Bartlett son los medios de comunicación, que se han convertido en instrumentos de guerra de noticias falsas y difamaciones que desacreditan a la CFE y sus directivos. En 5 años, la actual gestión de la CFE ha enviado 308 aclaraciones a los medios apelando, inútilmente, el derecho de réplica previsto en la Constitución. Imaginemos la desinformación que han provocado estas 308 informaciones desvirtuadas.

Sobre este último punto es ilustrativa la posición editorial del periódico Reforma sobre las reformas legislativas que en materia eléctrica se han debatido en el país. Un día después que Peña Nieto presentó su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 8 constitucionales, las ocho columnas del Reforma celebraron: “Abren candados constitucionales”. Cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la ley energética promovida por AMLO el 24 de febrero de 2021, el Reforma no se dio por enterado. Pero cuando el Senado de la República la aprobó en marzo 2021, denunció: “Imponen energía sucia”. Evidentemente, cuando López Obrador quiso reformar el marco constitucional el 30 de septiembre de 2021, Reforma salió a combatir frontalmente dicha pretensión: “Alistan regresión eléctrica”. Claro que cuando el 18 de abril de 2022 el pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de reforma constitucional propuesta por López Obrador, Reforma descansó: “Cuenta mal Zaldívar votos de Ley Eléctrica”. En fin, cada medio de comunicación tiene el derecho de elegir la posición editorial que quiera, lo que se agradecería como público es que hicieran públicas sus filias y sus fobias para tomarlas en consideración a la hora de consumir la información que emiten.

Debido a la peculiaridad de la coyuntura política de México, el fenómeno de lawfare se ha quedado en un nivel de dimes y diretes, sin poner en riesgos serios a ninguno de los actores involucrados. Sin embargo, eso no significa que no exista ni que no tenga impacto en nuestra vida pública. De hecho, buena parte de la actual polarización se deriva de esta disputa por la nación entre el poder ejecutivo y una parte del legislativo que quieren cambiar las cosas contra algunos integrantes del poder judicial y ciertos consorcios mediáticos que luchan por mantener el estado de las cosas. Ese es el tema de fondo del siguiente proceso electoral: ¿los afanes transformadores tendrán la fuerza suficiente para romper el dique del poder judicial, o éste se consolidará lo suficiente como para empezar a revertir los cambios efectuados hoy en día? La noche del domingo 2 de junio de 2024 sabremos quien gana esta batalla, con el lawfare de por medio.