Trata de personas, cuando lo humano es ajeno

Por: Maleny Díaz


Julio es un mes en el que se conmemora el día internacional sobre la lucha contra la trata de personas, así lo decidió la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2014, con la finalidad de informar sobre este grave delito y concientizar a la población mundial sobre las implicaciones de esta terrible violación a los derechos humanos.

¿Qué es la trata de personas? En términos simples, es también llamada “la movedera” y se presenta cuando alguien capta, engancha, solicita, ofrece, entrega, recibe o traslada a una persona, por medio de la violencia física o moral, la coacción, las amenazas, el engaño o el abuso de poder. La explotación puede tener lugar en el país de origen de la víctima, durante la migración o en un país extranjero.


¿Para qué? para someterla a tratos crueles e inhumanos que van desde la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, matrimonio forzado, venta de niñas y niños, la utilización de personas menores de edad en conflictos armados o actividades delictivas, hasta la extracción de órganos, tejidos o células.


Los traficantes utilizan principalmente el abuso físico y sexual, el chantaje, la manipulación emocional y la eliminación de documentos oficiales para controlar a sus víctimas haciéndoles creer que no tienen más opción que someterse por su situación de vulnerabilidad.


¿Qué tan grave es? De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas a nivel global, en esta problemática las mujeres representan el 49% y las niñas el 23% de todas las víctimas de la trata, lo cual tiene sentido si consideramos que en el 59% de los casos la forma más común de explotación se da mediante la violencia sexual.


¿Cuál es el panorama en México? Se ha dicho por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. Las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que en el periodo comprendido entre junio de 2012 y el 31 de julio 2017, se reportó la identificación de 5,245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de las cuales, 3,308 son mujeres, 1,086 niñas, 492 hombres y 289 niños. Se desconoce la edad de 8 hombres y de 62 mujeres.


¿La ley protege a las víctimas? Aunque existe legislación especializada, no es suficiente pues la problemática sigue latente. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos mandata la obligación del Estado Mexicano de proteger prioritariamente los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección integral para su desarrollo armónico.


Además, México es parte de la Convención de los derechos del Niño y sus diversos protocolos facultativos, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Convención y Protocolo de Palermo) instrumentos que instan a reconocer que en todos los países del mundo hay niñas y niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que necesitan especial consideración y protección reforzada para garantizarles una vida libre de violencia y en condiciones de bienestar.


¿Qué debemos hacer? Asegurarnos que exista información suficiente para reconocer que estas conductas representan delitos graves y violaciones a derechos humanos enfocando esfuerzos en la prevención. Debemos hacer conciencia social y sensibilizarnos al comportamiento de las víctimas ya que comúnmente están impedidas para hablar o niegan su situación, así como evitar prejuicios y discursos discriminatorios o xenofóbicos en su contra.


Exigir la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres máxime si son las principales víctimas de este delito, por ello debe ser una prioridad para todas las autoridades de nuestro país actuar con la debida diligencia para la no revictimización.


Exhortar al cumplimiento a las medidas de prevención, investigación, procesamiento e imposición de sanciones cuando se acredite la realización de estas prácticas inhumanas, pues representa un compromiso que México ha asumido en el ámbito internacional y debe ser garantizado por cualquier medio y por encima de cualquier color, política o ideología.