Por: Eduardo Higuera
"La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende."
RIGOBERTA MENCHÚ
Ser demócrata no es para cualquier persona. Un demócrata tiene la obligación de respetar las reglas del juego político electoral y respetar las autoridades elegidas a través de las urnas. Además tiene la obligación de plegarse únicamente a los derechos que le son reconocidos y de cumplir sin chistar las obligaciones que su condición de ciudadano conlleva.
La comprensión de estos principios es básica para conservar la buena salud de una democracia, sin importar el país del que hablemos. Si no se respeta la ley vigente, si se nos olvida que todos somos iguales y que hay límites que no podemos cruzar, entonces el experimento democrático en el que se vive está condenado al fracaso.
Los límites son sencillos. Por ejemplo: los ciudadanos debemos participar e informarnos, exigir a nuestra autoridades el cumplimiento de sus funciones y promesas o su renuncia, apoyar a la opción política que nos parezca mejor para el futuro de nuestra comunidad.
En el caso de los políticos, se debe de entender que además de los límites legales se encuentran obligados a seguir un código de ética que no erosione las instituciones ni el contexto general. Entre esas acciones éticas podemos incluir la madurez de aceptar triunfos y derrotas en las urnas, la contención en las críticas de sus rivales y el respeto a las decisiones que una autoridad emita, ya agotadas las instancias de impugnación.
Para las autoridades la cosa es aún más estricta. No sólo deben ser ciudadanos y actores políticos, sino que tiene la responsabilidad de cumplir y hacer la ley. De lo contrario en lugar de garantes de la democracia se transformarán en sus destructores.
Todo lo anterior parece que fue olvidado en Baja California cuando se aprobó la famosa “ley Bonilla”, la cual permitiría ampliar el período del gobernador electo de dos a cinco años.
Como seguramente usted, lectora y lector, sabe, esta ley no solo rompe los preceptos democráticos a los que se debe de apegar el actuar de legisladores y magistrados. Y es que este es ya el tercer intento por parte de grupos antidemocráticos (no hay otro adjetivo) de realizar semejante acción que violaría la constitución, las leyes y se burlaría de la voluntad ciudadana.
De llegar a concretarse esto nos pondría en el borde del abismo. Simplemente sería el principio del fin de nuestra joven e incompleta democracia mexicana.
Permítame explicar por qué hago una declaración así de escandalosa.
La ampliación del período de un gobernador no es cualquier cosa. La convocatoria para las elecciones, la campaña electoral, las promesas y planes de gobierno, fueron establecidos para un período de dos años. Todo de acuerdo con el actual marco legal particular de Baja California y el legal y constitucional que nos rige a todos los mexicanos.
Aceptar que los diputados que decidieron por sus calzones, porque está claro no fue por principios legales o éticos, cambiar todo esto es fomentar el abuso del poder, el incumplimiento de la ley y la impunidad de las acciones de aquellos que detentan el poder político.
Se debe añadir que es el tercer intento de hacerlo, pues los magistrados electorales de aquél estado ya habían emitido una sentencia en favor de la ampliación del período del gobernador electo que fue echada abajo por el TEPJF.
En suma, se ha hecho todo lo legal e ilegalmente posible (con excepción de la toma del poder por las armas) para que Bonilla tenga 5 años de mandato, en lugar de dos.
Imaginemos ahora que cada uno de los gobernantes electos (senadores, diputados, presidentes municipales, gobernadores y hasta presidencia) se comportara de la misma forma y despreciara las leyes y los acuerdos bajo los que se compitió.
En unos casos los gobernadores pasarían de 6 a 3 años de mandatos, aunque seguramente la mayoría ampliaría su mandato a 9 o 12 años; los senadores podrían decidir que su mandato se elevara al doble que la constitución marca y cada municipio o estado terminaría por decir que, como en BC, es cuestión de la soberanía de cada estado.
El caos, el abismo en el que caeríamos sería casi imposible de superar en el corto y mediano plazo. Bastante deberíamos haber aprendido del primer siglo de vida independiente, cuando cada presidente se trataba de reelegir y las normas eran papel mojado pues fue un siglo totalmente perdido en términos de construcción democrática.
Por eso afirmaba al inicio que no es fácil ser demócrata. Ejemplos de abusos y perpetuaciones en el poder abundan en nuestro continente y en la historia nacional, hasta el punto de casi normalizar este tipo de condiciones.
Sin embargo, los demócratas de convicciones debemos de llevar a cabo acciones en contra de las aberraciones que nos acercan al autoritarismo y las dictaduras.
De lo contrario perderemos cualquier posibilidad de que nuestros hijos vivan en libertad, seguros de que sus derechos y su voz son tomados en cuenta y veremos cómo el abismo nos regresa una mirada burlona.
No lo permitamos.
México tiene un amplía historia de lucha por su democracia y desde los 70, con la LOPPE, se ha logrado palmo a palmo, la construcción de una democracia participativa y formal que es la mejor opción que se tiene, a pesar del bajo desempeño de los gobiernos.
Volvamos a ser los demócratas que juegan con las reglas y las modifican para aumentar la participación en lugar de hacerlo para perpetuar a una persona o grupo en el poder. Seamos demócratas convencidos que exigen resultados o castigan en las urnas. Recordemos la lucha por la legalidad y la constitucionalidad que desde Juárez nos ha dado rumbo y olvidemos el espejismo del caudillismo.
El abismo siempre estará ahí, listo para devolvernos la mirada, pero es nuestra labor dejarlo esperando.
@HigueraB
*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la forma de pensar de la Revista El Aguachile.
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