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Lawfare en México: caso CFE

Por Sergio Anzaldo Baeza.


El lawfare es un concepto relativamente nuevo que sirve para describir la utilización abusiva o ilegal de instancias judiciales y la manipulación de las redes sociales y de los medios de comunicación para inhabilitar o promover el repudio popular de un oponente o de una causa específica que se está combatiendo. El vocablo lawfare es una contracción gramatical de las palabras inglesas “law”, ley, y “wafare”, guerra, y alude al fenómeno de golpe de estado blando, que significa hacerse indebidamente del poder manipulado la justicia y los medios de comunicación, en lugar de recurrir a la fuerza militar, para derrocar a quienes fueron electos democráticamente.




En su libro sobre estrategia militar publicado en 1999, Unrestricted Warfare, los escritores chinos Qiao Liang y Wang Xiansui precisan que en esta guerra mediática los medios de comunicación sirven como órganos de propaganda con el fin de generar una gran presión pública contra una persona, un grupo o una causa considerada como enemiga. Su meta es debilitar la moral del enemigo y originar un apoyo popular para sustituir por la vía jurídica a quien ganó en las urnas.


En Latinoamérica el lawfare es particularmente grave. La recurrencia de este fenómeno motivó a un grupo de investigadores agrupados en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica a constituir en 2021 el “Observatorio de Lawfare CELAG” a fin de monitorear y analizar esta nueva modalidad de la batalla política por el poder público en un régimen democrático. Sus motivos no son pocos ni menores: Al golpe militar de 1964 en Brasil le siguió el procedimiento judicial contra Lula da Silva y la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016, aunque en el 2022 el Ministerio Público Federal de Brasil concluyó que no había delito que perseguir. Al golpe militar de Argentina de 1973, promovido por el finado Henry Kissinger, le siguió la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner; al golpe de Paraguay de 1954 le siguió la destitución de Fernando Lugo en 2012; al golpe en el Perú en 1975 le siguió la destitución de Pedro Castillo en 2022; al golpe militar en Bolivia en 1971 le siguió la destitución de Evo Morales en 2019. Primero fueron militares, ahora son jueces y medios de comunicación quienes derrocan a gobiernos electos por la vía democrática.


Como se puede apreciar, una peculiaridad del lawfare es que, por lo menos en América Latina, se utiliza contra gobiernos de izquierda electos democráticamente, igual que en el pasado sucedía con los golpes militares. En este sentido el lawfare expresa una tensión entre un poder ejecutivo que intenta cambiar la correlación de fuerzas al interior de un régimen para promover cierta redistribución de la riqueza, y un poder judicial, apoyado por ciertos medios de comunicación, que hacen hasta lo indebido para mantener el statu quo utilizando el aparato judicial como dique contra cualquier reforma que intente alterar la correlación de fuerzas y mejorar la distribución de la riqueza. En países con tanta desigualdad como los latinoamericanos, el poder judicial se orienta a conservar privilegios y ventajas de una minoría frente a demandas de mayorías, incluso si éstas han logrado ganar el poder ejecutivo en las urnas.


Por ello, el observatorio de la CELAG define al lawfare como “una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública”. Este grupo de investigadores precisa el modelo general de operación del lawfare: “esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos”.


El lawfare proporciona un marco teórico para dimensionar la actual disputa en México entre el poder ejecutivo y el poder judicial, independientemente de las personalidades involucradas y de los gritos y sombrerazos ventilados en los medios de comunicación. Con frecuencia asistimos a desencuentros frontales y abiertos entre los dos poderes y un grupo especifico de consorcios mediáticos. Más allá de las finesas jurídicas, esta disputa representa una batalla sin cuartel sobre el papel del estado. Por un lado, el poder ejecutivo impulsa una agenda que convierta al Estado en un agente activo y responsable del bienestar social y, por otro, el poder judicial se afana en detener esa agenda transformadora para mantener las reformas privatizadoras de ciertos sectores de la economía que impulsaron los gobiernos anteriores, particularmente el de Peña Nieto. Parafraseando al padrino, esta disputa no es personal, solo son negocios. Un caso reciente protagonizado por Manuel Bartlett ilustra con claridad esta disputa y ejemplifica la modalidad de lawfare en el que estamos inmersos en México.


En su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados, Manuel Bartlett denunció que desde hace cinco años la CFE ha sido víctima de una intensa campaña de lawfare. Hasta donde sé, es el primer funcionario que hace una denuncia de este tipo. De inicio, Bartlett definió el centro de la controversia: La instrucción del presidente fue rescatar a la Comisión Federal de Electricidad del marco jurídico de la reforma energética aprobado por el régimen anterior, de la claudicación ante los intereses hegemónicos que diseñaron la desaparición de la empresa nacional para apoderarse del sistema eléctrico como negocio privado trasnacional. El dilema es: empresa del Estado o negocio privado.


De la mano del texto de Arantxa Tirado, quien por cierto es integrante de la CELAG, “El Lawfarfe, Golpes de Estado en nombre de la ley”, Bartlett describe en su intervención ante la Cámara de Diputados cómo desde el ámbito jurídico se han protegido los intereses particulares de estos grupos en detrimento de los intereses de la nación. Precisa que las sociedades de autoabasto son monopolios privados que venden energía ilegalmente a más de 77 mil socios simulados, mismos que concentran a los más grades consumidores fuera de cualquier competencia. La COFECE, órgano autónomo del estado, se niega a iniciar cualquier investigación sobre este tema, mientras cuestiona y obstaculiza cada acción de la CFE con el argumento de la libre competencia.


Por otra parte, argumenta Bartlett, los productores independientes de energía tampoco compiten, no entregan el 100 por ciento de la energía comprometida, pero si le cobran a la CFE el 100 por ciento. Tienen asegurado su negocio por 25 años. Estos dos modelos de negocio privado concentran el 43% de un mercado virtual y constituyen la columna vertebral de la reforma energética impulsada por Peña Nieto. Según Bartlett hasta el momento han causado una afectación de 66 mil millones de pesos. Por su parte, los juzgados se han dedicado a proteger estos dos modelos de negocio. Recordemos que en octubre de 2023 un tribunal ratificó la suspensión de pago de una multa a Iberdrola Energía Monterrey por 9 mil 145 millones de pesos derivada de vender electricidad generada en la modalidad de autoabastecimiento a particulares no incluidos en su permiso.


El tercer elemento de esta campaña de lawfare contra la CFE señalado por Bartlett son los medios de comunicación, que se han convertido en instrumentos de guerra de noticias falsas y difamaciones que desacreditan a la CFE y sus directivos. En 5 años, la actual gestión de la CFE ha enviado 308 aclaraciones a los medios apelando, inútilmente, el derecho de réplica previsto en la Constitución. Imaginemos la desinformación que han provocado estas 308 informaciones desvirtuadas.


Sobre este último punto es ilustrativa la posición editorial del periódico Reforma sobre las reformas legislativas que en materia eléctrica se han debatido en el país. Un día después que Peña Nieto presentó su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 8 constitucionales, las ocho columnas del Reforma celebraron: “Abren candados constitucionales”. Cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la ley energética promovida por AMLO el 24 de febrero de 2021, el Reforma no se dio por enterado. Pero cuando el Senado de la República la aprobó en marzo 2021, denunció: “Imponen energía sucia”. Evidentemente, cuando López Obrador quiso reformar el marco constitucional el 30 de septiembre de 2021, Reforma salió a combatir frontalmente dicha pretensión: “Alistan regresión eléctrica”. Claro que cuando el 18 de abril de 2022 el pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de reforma constitucional propuesta por López Obrador, Reforma descansó: “Cuenta mal Zaldívar votos de Ley Eléctrica”. En fin, cada medio de comunicación tiene el derecho de elegir la posición editorial que quiera, lo que se agradecería como público es que hicieran públicas sus filias y sus fobias para tomarlas en consideración a la hora de consumir la información que emiten.


Debido a la peculiaridad de la coyuntura política de México, el fenómeno de lawfare se ha quedado en un nivel de dimes y diretes, sin poner en riesgos serios a ninguno de los actores involucrados. Sin embargo, eso no significa que no exista ni que no tenga impacto en nuestra vida pública. De hecho, buena parte de la actual polarización se deriva de esta disputa por la nación entre el poder ejecutivo y una parte del legislativo que quieren cambiar las cosas contra algunos integrantes del poder judicial y ciertos consorcios mediáticos que luchan por mantener el estado de las cosas. Ese es el tema de fondo del siguiente proceso electoral: ¿los afanes transformadores tendrán la fuerza suficiente para romper el dique del poder judicial, o éste se consolidará lo suficiente como para empezar a revertir los cambios efectuados hoy en día? La noche del domingo 2 de junio de 2024 sabremos quien gana esta batalla, con el lawfare de por medio.

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