Los retos que vienen

Por Saúl Arellano

La administración que inicia el 1º de diciembre enfrentará un conjunto de rezagos acumulados como pocos gobiernos han tenido que resolver en los últimos años.

En esa lógica es importante advertir que si la tarea de gobernar y administrar a un país es de suyo compleja, lo es aún más en uno que tiene tantas fortalezas, amenazadas por tantas debilidades y rezagos.

Las tareas son pues muchas, y los mayores frentes pueden encontrarse tal vez en los siguientes temas:

a) Erradicar la corrupción. Durante años, el presidente López Obrador ha sostenido que el mayor problema del país es la corrupción. Todo su diagnóstico y propuesta de gobierno se ha sostenido en esa tesis; y tiene razón; sin embargo, su administración deberá avanzar en otros campos igualmente complejos. Es importante decir que, de acuerdo con el INEGI, la entidad en la que se percibe menos corrupción es Yucatán, con 75% de la población; en donde más, en la Ciudad de México, se alcanza el 93%. En ese sentido, erradicar la corrupción es condición necesaria, pero no suficiente; el nuevo gobierno debe avanzar hacia una reforma integral de la administración pública, que rebasa con mucho los cambios que se llevaron a cabo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: se deben compactar instituciones que duplican funciones; compactar áreas a fin de fortalecer la integralidad en las intervenciones; redefinir mandatos y replantear objetivos y prioridades; y eso implica mucho más que evitar que los políticos roben.

b) La mortalidad evitable. México vivió una acelerada transición epidemiológica que modificó radicalmente las tendencias de morbilidad. Al haber pasado de una mortalidad determinada por enfermedades infecciosas, por crónico-degenerativas, llegamos a un escenario catastrófico: cada año fallecen más de 200 mil personas por enfermedades curables o prevenibles: diabetes, hipertensión, enfermedades alcohólicas del hígado, cáncer de mama, cérvix o próstata, amén de las defunciones de niñas y niños por desnutrición, gripe o infecciones intestinales. Esta situación ha llevado al drama de 2.2 millones de personas que han fallecido entre los años de 1990 y 2017, y quienes no tuvieron atención médica durante su enfermedad o para atender la lesión que causó su fallecimiento. Este solo dato permite ilustrar el drama nacional que estamos viviendo.

c) La violencia. Si algo puede descarrilar al gobierno entrante es la permanencia de la violencia en las calles, y no sólo la del crimen organizado, sino también la del “orden común”; se trata de una problemática gigantesca, que ha llevado a que el 2018 sea el año más violento de la historia reciente de México, con más de 28 mil homicidios dolosos perpetrados entre enero y octubre de este año. Y dada la diferencia de metodología entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI, es de esperarse que cuando el Instituto dé a conocer las estadísticas de mortalidad por homicidio intencional, se tenga una cifra de más de 32 mil casos para el año que ya casi concluye.

d) Agendas pendientes. Hay dos agendas emblemáticas que el sistema institucional mexicano no ha logrado incorporar como ejes transversales en toda la política pública: la relativa a los derechos de la niñez, la cual es urgente, pues sigue siendo el grupo con mayores niveles de pobreza en el país: hay más de 20.2 millones de niñas y niños en pobreza; casi 3

millones trabajan; más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela; la violencia intrafamiliar crece; los homicidios contra niñas y niños en la primera infancia se incrementan, y suma y sigue.

En la misma lógica, la agenda de la discriminación sigue siendo marginal, circunstancia que permite sostener que millones de personas en pobreza lo están porque son discriminadas: así ocurre con las personas indígenas, quienes viven con alguna discapacidad, o quienes no forman parte de al heteronormalidad. Y así como éstas, hay otros temas para los cuales aún se han planteado siquiera buenos diagnósticos.

Los escenarios para el futuro son sombríos, por decirlo de manera optimista. Para dimensionar lo que nos espera, de no modificar tenencias y trayectorias de los fenómenos aquí apenas señalados, basta considerar el gasto en salud que se tiene ya para la atención de la diabetes: más de 50 mil millones de pesos en el Sector Salud; gasto que de seguir como va, en el 2030 podría llegar a casi 80 mil millones de pesos. No hay, en evidencia, sistema que pueda con esa carga de enfermedad y no hay país que pueda ser viable con tales tendencias de mortalidad.

Necesitamos, con urgencia política de desarrollo social, que sea capaz de incidir en la política económica; que nos permita pasar del paradigma del combate a la pobreza al paradigma de la garantía plena de los derechos humanos.

Si lo logramos, México podrá ser una potencia global; de no hacerlo, podríamos vivir involuciones indeseadas, cuyas consecuencias es mejor no pensar.