En México somos expertos en echar a perder grandes ideas, o más bien para pervertirlas a conveniencia de unos cuantos. Las instituciones no fracasan, pero se convierten en una mezcla de corrupción, impunidad, conflicto de interés y malos servidores públicos que pueden corromper al mejor diseño institucional.
Por: E. Yair Martínez Madrigal
México cuenta con 12 órganos autónomos, el país con más instituciones de este tipo en todo el mundo. En ellos se han centrado varias descalificaciones matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los cataloga como “una farsa” y los acusa de corruptos. ¿Esas instancias son un mero club de cuates que se alejó del interés público o realmente cumplen la función para la que fueron creadas?
12 instituciones autónomas
La creación de organismos autónomos comenzó en la década de 1990 como un mecanismo indispensable para dotar de contrapesos al sistema político mexicano, necesario especialmente en el marco de la transición a la democracia. Surgieron entonces organismos de “primera generación” como el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal Electoral (hoy INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Después vendría la “segunda generación” con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), el Instituto Nacional de Evaluación de la Política de la Educación (INEE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y más recientemente la Fiscalía General de la República (FGR).
¿Para qué sirven los órganos autónomos?
En su conjunto son piezas de un diseño constitucional y legal creado para limitar el poder presidencial, para profesionalizar la toma de decisiones públicas y para cuidar su imparcialidad. Con la autonomía de estos órganos se buscó que el presidente dejara de tomar todas las decisiones en áreas clave del Estado mexicano: desde el control de la política monetaria hasta la regulación de la competencia económica, pasando por garantizar la información pública y la creación de indicadores.
Sin embargo, hoy los órganos constitucionalmente autónomos enfrentan serias críticas respecto a sus gastos y desempeño. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, los ramos autónomos le cuestan al erario un total de 97, 511 millones de pesos, esto es igual a lo que ejercerá uno de los programas insignia del presidente López Obrador: la pensión para adultos mayores.
En su interior, estos órganos no han estado exentos de escándalos, para muestra aquel donde la ex comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, fue incluida en las lista de plurinominales para obtener un escaño en la Cámara de Diputados por el PRI. Además de señalamientos en otros institutos autónomos por auto asignarse sueldos demasiado elevados y gozar grandes privilegios.
¿Los órganos autónomos se pervirtieron?
Recordemos que los organismos autónomos fueron diseñados para ser contrapeso al poder presidencial, en un momento en el cual los partidos políticos eran protagonistas de la escena política. Fueron los partidos y los grupos de interés al acecho quienes incidieron en la integración de estos órganos colegiados, a través de negociaciones con el poder en turno.
Uno de los inconvenientes que esto conlleva es que la conformación de esas instituciones se partidazo y en muchos casos se utilizó para repartir posiciones entre los mismos partidos, en ellos dejó de importar la idoneidad de los perfiles de quienes iban a estar al frente de estas instituciones, sino su cercanía e intereses mutuos.
El resultado, aunque no de manera general, fue costear instituciones desconectadas con la realidad del país, alejadas de sus necesidades y protectoras de una “burocracia dorada” que hoy el presidente se empeña en criticar. Por ello, haríamos bien en fortalecer los organismos autónomos, pero yendo más allá de la autonomía misma y transitando hacia una verdadera independencia en sus resoluciones.
En cualquier caso, no son las instituciones las que fracasan, sino una mezcla de corrupción, impunidad, conflicto de interés y malos servidores públicos que terminan por corromper al mejor diseño institucional que se pueda concebir.
*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la forma de pensar de la Revista El Aguachile.
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