top of page

Por: Eduardo Higuera


"El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar."

ERASMO DE ROTTERDAM


Hace unos días pudimos ver una escena poco común en el Senado: los líderes de la mayoría sonreían y se abrazaban, todo era felicidad entre los legisladores, la reforma educativa había sido aprobada después de un largo estira y afloja que incluyó un rechazo previo de la misma en esa misma cámara.

Sin embrago, esta escena es engañosa. Los abrazos y el júbilo desbordado son causados por lograr un objetivo político, el de hacer pasar una reforma que era una promesa de campaña del gobierno de la 4T. El asunto de si es beneficiosa o no, si la reforma constituye una mejora sustantiva de la educación y un impulso para el desempeño del trinomio escuelas/alumnos/profesores según los estándares internacionales, eso ya es cuestionado y discutible.


Sin duda, la educación en México siempre ha estado en el centro de debate, desde la época en que Bravo Ahuja realizó la famosa reforma en los años 70, hasta nuestros días.


Si dejáramos todo hasta ahí, seguramente los mexicanos podríamos presumir de una educación que sería la envidia de Finlandia, y de todos eso países nórdicos que son tan famosos por su sistemas educativos.


Por desgracia a la frase le falta una segunda parte, esencial: Arruinándola casi por completo


Si dudan de esta aseveración, revisen los últimos seis años de la política y los medios de México y me dirán si me equivoco.


Desde el pacto por México, hasta la nueva reforma educativa de la 4T, hemos visto desfilar un sinnúmero de manifestaciones, foros de consulta, consultas populares (y si no, en cualquier momento se hace una), secretarios de educación que no saben qué hacer con el magisterio ni leer, maestros más preocupados en no ser evaluados que por sus alumnos, paros y suspensiones de clase en grandes porciones del territorio nacional y deprimentes resultados en pruebas que evalúan las capacidades, conocimientos y habilidades de los estudiantes (PISA, por ej.), sin que a nadie le parezca importante la educación.


Si no fuera así, la educación pública nacional no tendría los desafíos enormes como los que enfrenta hoy en día, las carencias abismales que nos colocan como uno de los países con peores resultados educativas en la OCDE, muchos de ellos producto de las negociaciones políticas y de ver al magisterio/la educación en términos de instrumento político para el gobierno de turno y nada más.


Por esta razón, los abrazos senatoriales no me producen ningún buen augurio ya que esta “nueva reforma” no tiene visos de diferenciarse a otras que la educación ha padecido en los últimos 40 años.


Y es que la política, si le preguntan a un mexicano avezado en estas lides, es una colección de guiños, gestos y abrazos protocolarios que, pese a todo, carecen de sustancia, al punto que parecen sacados del poema de Eliot, Los Hombres Huecos:


Somos los hombres huecos

Los hombres rellenos de aserrín

Que se apoyan unos contra otros

Con cabezas embutidas de paja. ¡Sea!

Ásperas nuestras voces, cuando

Susurramos juntos

Quedas, sin sentido

Como viento sobre hierba seca

Por eso no extraña que se haya elegido el 15 de mayo para promulgar esta reforma. Al final también es un gesto hueco.


Y la educación es lo de menos. Es cierto que con la reforma del artículo tercero de la Constitución se ha conseguido que la educación inicial de nuestro país sea incluyente, pero también se estableció un limbo en el artículo 16 que permitirá retomar la tan conocida venta de plazas.


En otras palabras, el magisterio y el gobierno se dan un tiro en el pie y en lugar de tratar de salvar un poco de credibilidad, es decir de mejorar el sistema educativo, de por sí tan dañada por marchas-paros-plantones, se decidió que debía retornar el viejo sistema de dando y dando, que deja de lado muchos profesores capaces pero que no son parte de un grupo de poder de su gremio.


Los argumentos contrarios no lo son, pues se centran en hablar de que la reforma peñista era punitiva y que no tiene caso que exista un organismo como el IEE, que nada más medía el desempeño de los estudiantes. Algo que tal vez era cierto, pero que al final no tiene nada que ver con la educación.


Cuarenta años llevamos desde que se decidió el aggiornamento educativo, pero nunca se ha planteado como una política pública de largo alcance, transexenal, y que priorice de verdad las necesidades educativas de un siglo XXI que nos deja cada vez más a la zaga.


Los resultados, por desgracia no se verán hasta dentro de años y es muy posible que sea muy tarde ya para que los actores políticos, de todos los colores, puedan deshacer el entuerto que fabricaron.


Y aun está por verse lo que ocurrirá con el regreso de la maestra al frente del sindicato de profesores…


@HigueraB


*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la forma de pensar de la Revista El Aguachile.

Por: Stephanie Henaro


La política y la educación han demostrado ser una ecuación nociva para el desarrollo del país. La constante lucha por el status quo, tanto de maestros como de políticos, ha dejado a los estudiantes en el rezago y a la deriva de los tiempos modernos.

Las cifras y la experiencia arrojan que la pobreza de la educación va más allá de los que no tienen un título. El futuro avanza, nosotros seguimos sin rumbo, y la cuestión aquí es si con esta administración que prometió ser diferente, ganará el deber político o el deber social con la Reforma Educativa.


Queda claro que en la medida en que México se ha democratizado, contar con el apoyo de los millones de maestros sindicalizados en los procesos electorales, se ha vuelto sumamente atractivo, estratégicamente definitivo, y difícilmente pasará de moda en el futuro próximo.


México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con los niveles más bajos de titulación en la educación secundaria superior, lo que está correlacionado con una elevada desigualdad de ingresos, y se traduce en una severa sentencia de vida en la que el pobre difícilmente dejará de serlo. Ese es uno de los eslabones que se rompe dentro de la cadena del desarrollo que buscamos. Sin más y habrá que afrontarlo porque de lo contrario seguiremos siempre aquí.


Según el último informe anual sobre educación de esta organización, el 52% de los mexicanos de entre 25 y 34 años carecen de educación secundaria superior, ganan 40% menos que los que sí la tienen, y aunque este porcentaje ha experimentado una reducción de cerca de 13 puntos, desde 2007, sigue lejos de alcanzar el promedio de 15% entre los países miembros de la OCDE. Pero no todo queda ahí. Hay otra ruptura en la cadena que tal vez no resulte evidente pero que es preciso remendar.


De acuerdo con una encuesta realizada por Parametría en 2017, ocho de cada diez mexicanos (81%) consideran que es necesario cambiar la forma en que se dan clases en México para que los niños sepan ser críticos y defender sus argumentos. A los encuestados, sobretodo a los que tienen hijos en edad escolar, les resulta alarmante que los niños no cuenten con las herramientas y habilidades necesarias que permitan tener un mejor desarrollo personal que impacte en su vida profesional. Entonces, ¿dónde está la verdadera pobreza? ¿Se queda en el título o se extiende al sistema?


La respuesta se puede leer entre las líneas de nuestro ranking mundial de innovación. Los expertos en la materia dicen que solamente innova quién domina la materia y México se encuentra en el puesto número 56 de 126 economías.


Esa es nuestra realidad. Creo que todo suma y al final nos condena. Sobretodo si se toma en cuenta que la tecnología avanza y amenaza empleos que requieren de pocos conocimientos.


El tiempo corre y no precisamente a nuestro favor.


¿Podrá la nueva reforma salvarnos o solamente salvar a su partido?


El último en salir apaga la luz.


*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la forma de pensar de la Revista El Aguachile.

Por: Saúl Arellano


El analfabetismo y el rezago educativo son dos de los mayores problemas que persisten en el ámbito educativo. Reformas van y reformas vienen, y la reducción de ambos indicadores es lenta, desigual, y se ha mantenido inerciada de manera prolongada, sin que haya habido un gobierno que se decida auténticamente a lograr que la totalidad de la población mayor de 15 años sepa leer y escribir, así logre concluir los estudios de educación obligatoria.

Desde esta perspectiva, es importante decir que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), al mes de diciembre del 2018 había en el país 92.063 millones de personas de 15 años y más. Entre ellas, el 4%, es decir, 3.7 millones eran consideradas analfabetas. Otro 9.7% no habían concluido los estudios de educación primaria, es decir, 8.94 millones de personas; mientras que el 17.5%, equivalente a 16.068 millones de personas no habían concluido los estudios de la educación secundaria.


En total, se trata de 28.71 millones de personas mayores de 15 años que, en sentido estricto, estarían fuera de la posibilidad de acceder a un empleo formal, pues en prácticamente todos los espacios laborales se establece como requisito contar al menos con secundaria terminada. Por ello no es de extrañar, aunque sí de sorprender e indignar, que prácticamente un 28% de las personas ocupadas en el país (más de 14.5 millones), se encuentran laborando en el sector informal.


La cuestión, sin embargo, rebasa con mucho el tema del mercado del trabajo; pues si se interpreta de manera adecuada el contenido del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estamos ante una violación sistemática y generalizada del derecho humano a recibir educación, oportuna, pertinente y de calidad.


En esa lógica, hay que destacar también que el propio concepto de “rezago educativo” queda rebasado, pues en su estimación debería considerarse no sólo la educación secundaria concluida como el “límite superior”, sino al bachillerato, que ya es parte de la educación obligatoria en el país.


Si esto es así, la cifra se elevará dramáticamente, pero sólo considerándola en su magnitud es que podrán diseñarse las políticas públicas necesarias para llevar a cabo una adecuada estrategia para la erradicación del analfabetismo, y al mismo tiempo, para lograr una reducción significativa en el número y porcentaje de personas sin concluir la educación obligatoria.


Si se adecuase el concepto de rezago educativo, para armonizarlo con el mandato constitucional, esto tendría implicaciones muy relevantes en otros indicadores y mediciones; quizá las más destacadas serían la medición multidimensional de la pobreza; y el otro el cálculo del Índice de Marginación.


En efecto, la Ley General de Desarrollo Social establece que en la medición multidimensional de la pobreza debe considerarse como uno de los indicadores de carencia social al rezago educativo; pero si éste incluyese a las personas mayores de 15 años sin preparatoria concluida, la medición daría como resultado, sin lugar a dudas, una proporción y una suma total de personas ya bien en pobreza, o bien en vulnerabilidad social, mucho mayor a la que hoy se ha estimado.


Por otro lado, si en el índice de marginación se incluyese, no sólo la variable (por demás rebasada e inaceptable) del porcentaje de personas sin primaria terminada, para considerar al porcentaje de quienes son mayores de 15 años y no cuentan con la educación obligatoria concluida, el impacto en la medición sería importante, y con ello, también la distribución de los recursos del Ramo 33, los cuales se determinan vía una fórmula que incluye como variable al citado Índice de Marginación.


No es exagerado sostener que la viabilidad de la llamada cuarta transformación, pasa necesariamente por lograr una elevación sustantiva de los niveles educativos del país; ya se dijo, por una obligación expresa en materia de derechos humanos establecida en la Constitución, pero también porque sin ello, el proyecto de “regeneración moral y cívica” en que tanto ha insistido el presidente de la República, depende de que las personas tengan acceso a más herramientas para el crecimiento espiritual, y para adquirir nuevas herramientas y competencias que les permitan acceder a mejores puestos de trabajo.


Pensado así, hay varias estrategias de política pública que son urgentes, y que no están consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, aún es posible incorporarlas al Programa Sectorial de Educación, y a los propios programas institucionales que deberán derivarse de éste.


En primer lugar, sería deseable que el INEA se fusionase con el CONAFE, y con base en la suma de capacidades, recursos y experiencia acumulada en ambas instituciones, se rediseñaran las estrategias propias de sus mandatos, pero además, deberían permitir su “alineamiento” con varios de los programas estratégicos del presidente, como las Becas Benito Juárez, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también medidas complementarias de afiliación y garantía de acceso universal a los servicios de salud.


Esta reingeniería permitiría potenciar la presencia territorial del gobierno de la República, y acercar recursos y programas sociales, desde una perspectiva integral; permitiría repensar la estrategia nacional de seguridad alimentaria, impulsando acciones de alimentación escolar y familiar; y además abriría la puerta para identificar a personas que deberían estar incorporadas a los programas sociales, y que, por criterios de exclusión o deficiente registro, no han sido consideradas aún.


La segunda estrategia que es posible articular, es en alianza con los gobiernos estatales y municipales; se trataría de avanzar con los convenios que ya se tienen, y articular una nueva lógica de abatimiento del rezago educativo vía los recursos del Ramo 33. Esto permitiría aprovechar la infraestructura existente en los municipios en que se ha documentado su subutilización; pero al mismo tiempo, profundizar la presencia territorial de INEA y CONAFE a la par de los programas y apoyos que se pueden articular con los gobiernos estatales y municipales; en este rubro, las posibilidades son muchas.


Una tercera estrategia que se puede y debe implementar es vía la coordinación institucional, entre el CONAFE, el INEA y el CONOCER, a fin de que el modelo de alfabetización se transforme hacia un modelo que al mismo tiempo permita identificar y certificar competencias laborales; esto ayudaría a ampliar el catálogo de estándares de competencia existente, y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de empleabilidad de las personas de más escasos recursos, y de paso, elevar la competitividad de los municipios.


¿Están pensando en esto y otras muchas cosas que pueden hacerse con lo que se tiene en esas instancias?, es difícil saberlo. Lo que sí es evidente es que no se puede continuar por la ruta que se ha seguido hasta ahora, porque los resultados han sido auténticamente un fracaso.

Tabla de elaboración propia con base en las estadísticas de Rezago Educativo del INEA.


*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la forma de pensar de la Revista El Aguachile.

bottom of page