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El salario de los magistrados en la Suprema Corte de México no es el más alto del mundo, pero ¿será justa la compensación respecto al desempeño y la eficiencia de su trabajo?

Por E. Gisela Calderón Díaz y E. Yair Martínez Madrigal

El presidente López Obrador sentenció que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganaban 600 mil pesos mensuales, lo cual es completamente falso. Sin embargo, tal afirmación destapó el interés de muchos mexicanos acerca de las percepciones salariales de los altos funcionarios de la Corte.


En 2018, el salario mensual de un ministro de la SCJN, el máximo órgano del Poder Judicial en México, fue de 388 mil 290 pesos (1), lo cual incluye prestaciones como pago por riesgo, seguro social, seguro personal y fondo de ahorro; monto que el órgano autónomo con el ministro Arturo Zaldívar como presidente decidió tomar de base para establecer una disminución de 25% en su sueldo para 2019.


De mantenerse ese número, los ministros percibirán hasta 291 mil 218 pesos al mes, lo cual está por encima del salario presidencial ubicado en 108 mil 376 pesos al mes.


Cabe señalar que los mismos ministros son quienes definen su sueldo, y que muchas personas pensarían que su deber requiere una compensación de la magnitud del cargo que desempeñan, como lo señaló en su momento la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, pero ¿es realmente un sueldo exorbitante?


Si lo comparamos con el salario del 80% de la población en México que, de acuerdo al INEGI, percibe cerca de 13 mil pesos al mes, la cifra puede parecer gigante, pero ¿qué pasa cuando la contrastamos con los sueldos de otros ministros alrededor del mundo?, ¿los sueldos de la SCJN son los más altos del mundo?

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras oficiales sobre salarios para la Suprema Corte de cada país actualizadas al año 2018.

*Cifras provenientes del informe sobre el Sistema Judicial Europeo 2016.


Salarios de la Suprema Corte en el mundo

Los jueces de la Suprema Corte en países como Canadá y EE. UU. tienen un salario superior al de sus pares en México ganando 255 mil 223 pesos y 411 mil 671 pesos respectivamente; sin embargo es necesario recordar que el monto mexicano proviene de la reciente reducción que los magistrados se aplicaron, una especie de “acto de buena fe” de cara a la austeridad republicana que el gobierno en turno desea impulsar.


Si contrastamos dicha cifra con sus homólogos en países como Dinamarca o Alemania en la Unión Europea, el sueldo de los magistrados del máximo tribunal en México se encuentra por encima y aún más al compararla con los jueces del Supremo en Brasil o Argentina.

El salario de los ministros mexicanos no es el más alto en su rubro; sin embargo, a pesar de la reducción de 25% que se aplicará para 2019, continúan en la lista de profesionales en su ramo con mayor remuneración en el mundo.


Así que AMLO no estaba en lo correcto cuando señaló que quienes ocupaban los máximos cargos en el Poder Judicial de México ostentan los mejores salarios en su tipo a nivel mundial. Sin embargo, el gasto del Poder Judicial en México si es mayor de lo que gastan otros Tribunales Constitucionales en el mundo.


De acuerdo con el estudio del CIDE ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?, nuestra Corte es significativamente más cara en su conjunto que algunos de los tribunales más prestigiados del mundo, como el de España, Canadá o Alemania.


Gasto Total de Cortes constitucionales 2009 (millones de pesos)

Fuente: CIDE, ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?


Aunque podríamos argumentar que nuestra corte es más cara porque resulta más productiva en función de los asuntos que resuelve, lo cierto es que el mismo estudio señala que los asuntos que resuelve al año la Suprema Corte de Justicia de la Nación es menor con relación a los asuntos que resuelven otras Cortes constitucionales en el mundo.


Comparativo en productividad con las cortes constitucionales a nivel internacional 2009.

Fuente: CIDE, ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?


En el caso del Tribunal Constitucional Español, la diferencia fue de 46% más asuntos resueltos con menos recursos de los que nos cuesta nuestra Corte.


En ese sentido los datos revelan que se ha perdido la guía en la asignación de recursos presupuestales que se le otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Es entonces equiparable el precio del trabajo en los máximos tribunales de México con los del resto del mundo? ¿Es justa la compensación? ¿Cómo hemos llegado a esto?



 

1. Monto de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional. SHCP, 2018.


*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la forma de pensar de la Revista El Aguachile.


Durante 2017 se cometieron más de 90 mil delitos al día que implicaron un costo de 300 mil millones de pesos anuales, cifras que dan cuenta de la ineficacia del sistema de impartición de justicia en el país.

Por: Vicente Amador


Casi siempre los seres humanos planeamos sin considerar contratiempos. Planificamos sin tomar en cuenta enfermedades, accidentes, el fallecimiento. Es entendible, son contingencias, lo no presupuestado.


Algunas de esas dificultades, de las que más enchilan, son los delitos de los que podríamos ser víctima; esos que te cambian el día, o la vida.


Una de las razones por las que el crimen genera tanta frustración —además de lo que afecta física, emocional, económica y socialmente— es que no debería suceder, y de darse, esperamos de la autoridad que imparta justicia; que nos proteja y vele por la reparación del daño.


En México, las cifras (1) nos dicen que esa impartición de justicia está, por lo menos, rebasada por los infractores. Porque muchas de las averiguaciones ni empiezan, y de las que empiezan muchas no concluyen satisfactoriamente. Hay ineficacia incluso considerando que la mayoría de los delitos no se denuncian, es la famosa cifra negra.

En el 2017, nueve de cada diez delitos no se denunciaron. Ese es el promedio, porque hay delitos como el secuestro, la violación, la extorsión, el fraude, incluso el robo parcial de vehículo, donde en 95% de los casos, o más, no hay denuncia.


¿Por qué no denunciamos? Entre otras razones porque resulta muy frustrante, además de la pena por la fechoría padecida, ir a gastar más tiempo en un ministerio público y que no se haga nada, que te pidan mordidas, o que te hagan identificar a los delincuentes y te salga peor.


También podríamos pensar que se denuncia poco porque no se cometen tantos delitos en nuestro país. Mala hipótesis; a nivel nacional se estimó que en 2017 hubo 33 millones 600 mil delitos que afectaron a 25 millones 400 mil víctimas. Y sólo estamos considerando a las víctimas de 18 años o más. Una tasa de 29,746 víctimas por cada cien mil habitantes. Una vez más, rompimos récord.

Si hay ineficacia en la impartición de justicia con lo poco que se denuncia, imaginemos que se denunciara el doble.


El costo de la delincuencia


El costo de la inseguridad y el delito se calcula en 300 mil millones de pesos, sólo para el 2017. De los cuales, casi 90 mil millones se fueron en medidas preventivas y 210 mil millones en pérdidas propias de la victimización.

Los delitos más cometidos fueron el robo en la calle o transporte público, que además recientemente se ha vuelto más violento; la extorsión; el fraude; el robo total o parcial de vehículos y de ahí para adelante.


Por este panorama es por lo que en 2018 nos sentimos más inseguros que nunca, al menos en la historia de los registros de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE): 8 de cada 10 considera que vivir en su Estado es inseguro a causa de la delincuencia.


Es entendible que, en opinión de los mexicanos, la inseguridad sea el principal problema del país, además de la tarea básica del gobierno de acuerdo con la teoría política. En este escenario es fácil suponer dónde estarán algunos de los principales reactivos que evaluarán al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.


 

1. La mayoría de las cifras pertenecen a INEGI: ENVIPE, 2018.


*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la forma de pensar de la Revista El Aguachile.

El año 2018 cerró con más de 33 mil homicidios dolosos y cinco estados concentran 40% de los asesinatos cometidos en la pasada administración.

Por: Saúl Arellano


Los datos de INEGI no dejan lugar a dudas: ha concluido el sexenio más sangriento del que tengamos memoria desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los meses de diciembre del 2012 y diciembre del 2018 fueron cometidos 153 mil 122 homicidios, cifra que podría crecer aún más, debido al ajuste estadístico que hace anualmente el INEGI en torno a las cifras de mortalidad.


El año más cruento ha sido el 2018, en el que la cifra, en un escenario conservador, llegará a cuando menos 33 mil homicidios dolosos, es decir, un promedio mensual de alrededor de 2 mil 750, o bien, un promedio diario de 91 homicidios.


Por otro lado, es importante considerar que, al comparar el año 2013 con 2018, el incremento fue de 43%, al haber pasado de una cifra de 23 mil 63 casos, a los ya mencionados 33 mil, según el Secretariado Ejecutivo, más los que deberán sumarse cuando el INEGI lleve a cabo el ajuste correspondiente.

En el agregado sexenal, las cinco entidades con mayor número de homicidios dolosos son las siguientes: Estado de México, con 17 mil 431 casos acumulados entre diciembre de 2012 y diciembre del 2018; Guerrero, con un total de 14 mil 111; Chihuahua, con 11 mil 616; Guanajuato, con 8 mil 988; y Jalisco, con una suma total de 8 mil 951 casos.


En las cinco entidades señaladas se concentra prácticamente el 40% de los homicidios dolosos cometidos en la pasada administración. Es decir, cuatro de cada diez homicidios intencionales que se perpetraron en el sexenio previo fueron cometidos en alguna de esas entidades.

Otras entidades con cifras elevadas, superando los 5 mil casos en el sexenio que recién concluyó, son: Baja California, con 8 mil 562 homicidios dolosos; Sinaloa, con 7 mil 456 homicidios intencionales; Michoacán, con 7 mil 434 casos; Ciudad de México, con 7 mil 191 casos; Veracruz, con 6 mil 722; Tamaulipas, con 5 mil 597 casos; y Oaxaca, con 5 mil 265.

Si algo destaca en estos datos es la concentración de los homicidios en unos cuantos estados, pero, sobre todo, la rápida modificación de la presencia territorial de los grupos del crimen organizado y su “reacomodo” en entidades en las que se había mantenido la paz, con el caso paradigmático de Guanajuato.


Guanajuato tuvo un incremento de 427% en el número de homicidios dolosos entre los años 2013 y 2018, al haber pasado de 728 casos en el primer año citado, en contraste con los 2 mil 998 registrados entre los meses de enero y noviembre de 2018, cifra que lo coloca en este año como la entidad con mayor número de homicidios dolosos en el país. A lo largo del periodo señalado, su promedio anual de homicidios dolosos fue de 1 mil 498.


En ese sentido destaca también el caso de Guerrero, el cual se ubica como la entidad más violenta del periodo 2013-2018, con un promedio anual de 2 mil 351 homicidios dolosos cometidos anualmente en el periodo señalado.


Asimismo, se encuentra el caso de Chihuahua, el cual, a pesar de que en los últimos tres años se ha reducido significativamente el número de homicidios, acumula en el sexenio que concluye un total de 11 mil 616 casos, o bien, un promedio de 1 mil 939 homicidios anuales.


Dada la magnitud de la violencia homicida en el país, se considera pertinente presentar a continuación una gráfica que muestra la trayectoria que ha tenido este fenómeno en cada una de las entidades federativas. Para cada una de las gráficas que se presentan a continuación, las fuentes son, para el mes de diciembre del 2012 y hasta el año 2017, las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), y para los datos del 2018, las estadísticas sobre víctimas (nueva metodología), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.





Homicidios cometidos con arma de fuego


Como subcategoría de los homicidios dolosos, se encuentran los homicidios cometidos por disparo de arma de fuego. Se trata de eventos de violencia en cuya mayoría son perpetrados vinculados a delitos como el robo con violencia, el secuestro y en evidencia, los cometidos por la delincuencia organizada.


Conocer su magnitud es relevante para dimensionar los niveles de violencia asociados a temas como la corrupción, pues la presencia generalizada del crimen organizado en un ámbito territorial determinado, no puede explicarse sin la penetración o corrupción de autoridades policiales, ministeriales y de los más altos niveles de la política.

Como se observa en la gráfica, los datos de que dispone el Secretariado Ejecutivo muestran que se han cometido (con base en su nueva metodología de medición que permite comparar a partir del 2015), ha habido 66 mil 188 casos de homicidios perpetrados con arma de fuego, lo cual implica un promedio anual de 16 mil 547 casos, o bien, un promedio diario de 45 homicidios cometidos con arma de fuego; esto considerando además que para el 2018 se cuenta con datos actualizados al mes de noviembre.


De 2015 al mes de noviembre de 2018, los estados con mayor número de casos son: Estado de México, con 6 mil 137 casos; Guerrero, con 6 mil 031; Guanajuato, con 5 mil 254; Baja California, con 5 mil 085; y Chihuahua, con 4 mil 440.

Niñez y adolescencia amenazada


Un caso especial en este tema es el de las niñas, niños y adolescentes que son asesinados por disparo de arma de fuego. En efecto, en el periodo del 2015 al mes de noviembre del 2018, se tiene registro de 2 mil 523 casos, es decir, un promedio anual aproximado de 630 casos, considerando que en el 2018 se tienen datos con corte al 30 de noviembre.


Quizá lo más preocupante en este tema es que los datos presentan una tendencia creciente, pues mientras que en el año 2015 el número de asesinatos con arma de fuego, de menores de 18 años, fue de 402; en el 2016 fue de 550; en el 2017 creció a 776, mientras que, a noviembre del 2018, se tenía un registro de 795 casos.

Las estadísticas disponibles muestran que el promedio es de prácticamente un homicidio de menores de 18 años, cometido cada 12 horas.

En este tema es importante apuntar que la entidad que registra el mayor número de casos en los últimos cuatro años es Chihuahua, con 314 casos; Guanajuato se encuentra en segundo lugar, con 226 casos; Estado de México con 221; Guerrero, con 193, y Michoacán, con 151.

De las cinco entidades con mayor número de casos, en tres de ellas la tendencia ha sido creciente en los últimos años; en efecto, en Chihuahua, Guanajuato y Michoacán, los incrementos en los últimos años han sido estadísticamente significativas, lo que hace doblemente preocupante la situación que se vive en tales entidades.



 

* Gráficas creadas a partir de elaboración propia con base en las estadísticas sobre víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2015-2018.


*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la forma de pensar de la Revista El Aguachile.

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