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Por Andrés García Repper



Una de las principales cuestiones en la discusión pública (prensa escrita, redes sociales, medios electrónicos de opinión) al debatir un tema polémico es determinar qué es lo que se está debatiendo para no entablar discusiones sin rumbo.

Lo anterior puede sonar obvio, pero ante las diferentes opiniones que podemos leer respecto a ciertos temas, como la creación de una guardia nacional que se encargue de la seguridad pública en el ámbito federal, dejarlo claro es fundamental. A nadie le es ajeno que los opositores de esta propuesta han expresado que la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, no es otra cosa que la militarización de la seguridad pública, y que eso es sinónimo de violencia irracional, violación a derechos humanos e intensificación del problema, pero eso no es del todo cierto.

Guardia Nacional y militarización no es lo mismo


Cuando alguien escucha la palabra “militarización”, ¿qué es lo que se entiende?, por ejemplo, cuando el presidente Trump decide enviar tropas a la frontera para apoyar a su cuerpo de patrulla fronteriza, los medios hablan de una “militarización” de la frontera.

¿A qué se refiere esto? Militarización significa, en ese orden de ideas, dejar de realizar acciones por parte de la autoridad civil para que estas se lleven a cabo por militares, con normas, equipo, uniformes, armamento y criterios militares.


Cuando desde en el sexenio de Felipe Calderón se usa al ejército y la marina para realizar tareas de seguridad pública, desde patrullajes hasta la participación en alcoholímetros, o preservación del orden y la paz pública a nivel municipal, podemos hablar de una militarización de dicha función, independientemente de que también participe la Policía Federal.


Sin embargo, de acuerdo con la iniciativa presentada en el Congreso de la Unión el pasado martes 20 de noviembre, la Guardia Nacional será un cuerpo de seguridad, con disciplina militar pero con funciones de seguridad civil, es decir, con preparación como policía.

Esta distinción no es menor. Se esta hablando de una fuerza policiaca que tendrá disciplina y mando militar, pero formación policiaca; entrenamiento militar, preparación y educación en temas de policía, derechos humanos, derecho penal, uso proporcional de la fuerza y otros temas relacionados con funciones policiacas, no militares.

Las funciones del ejército y la policía


Alguna vez conversando con miembros del ejército mexicano pregunté, ¿por qué los militares disparaban a los vehículos que no se detenían en los retenes carreteros? La respuesta fue: “porque con el ejército no se juega”. Contesté que un alternativa podría ser cruzar el camino con cadenas “ponchallantas” unos metros adelante y así detener a los tripulantes para interrogatorio y, en su caso, detención (no obstante que ambas prácticas ––y los retenes en general–– son violatorios del artículo 16 constitucional, que es la garantía de que las autoridades actúan bajo el principio de legalidad). Respondieron que ellos no eran policías, que están programados para matar y que esas eran las órdenes.

Tenían razón.


El ejército no se crea para prevenir el delito, para detener borrachos, perseguir ladrones o narcotraficantes, se crea para la defensa exterior y la paz interior cuando ésta se ve amenazada. Y lo hace a través de uso legítimo ––y letal–– de la fuerza.

Pareciera que quienes critican la supuesta “militarización” de la seguridad han dejado ––deliberadamente–– de leer los motivos y el contenido de la iniciativa de AMLO, como si el término militar fuera una especie de invocación a la barbarie y a la violencia.

Pues bien, primero, creo que esas personas le faltan el respeto a las fuerzas armadas que tantas veces han ayudado a la población, tomándolos por salvajes y agresivos e ignoran que toda fuerza armada (incluyendo a las policías) tiene una estructura paramilitar.

Desconocen, a propósito, los ejemplos en los cuales se está basando la propuesta: los modelos español, francés e italiano, donde la fuerza policial depende del ejército pero ejerce como policía encargada de la seguridad civil, sujeta a las nomas de regulación policiaca, pero también sujeta a la disciplina militar.

Omiten mencionar que la Policía Federal, (que originalmente fue integrada por militares), a pesar de contar con elementos honrados y honestos, es una institución que ha sido invadida por la corrupción del crimen organizado; que la disciplina de esa institución requeriría un reforzamiento paralelo al de las fuerzas armadas, y que no cuenta con esa infraestructura, ni capacidad, ni formación.


A mi parecer, la seguridad pública se trata de un cometido constitucional, que requiere una fuerza civil hacia fuera, hacia la ciudadanía, pero una fuerza militar hacia adentro, en su disciplina, orden y principios.


No soy de la opinión de entregar un cheque en blanco al nuevo gobierno para que haga todo sin control de los ciudadanos y del legislativo, pero también creo que se debe analizar su acción de manera imparcial y con honestidad intelectual.

A continuación trascribo algunos extractos de la exposición de motivos de dicha iniciativa:

La Guardia Nacional responderá a la disciplina militar en lo que respecta a su régimen interno de organización. Sin embargo, en el ejercicio de sus atribuciones, ligadas al contacto permanente con la población civil, se desempeñará bajo parámetros de conducción civil, es decir, ajustará el ejercicio de sus funciones de manera racional y proporcional para proteger libertad, bienes y derechos de las personas.


Si bien, la Guardia Nacional nace como una institución adscrita al mando castrense, es importante destacar que los planes, programas y acciones que darán sustento al despliegue de sus tareas correrá a cargo de la autoridad civil. Y los esquemas de profesionalización, adiestramiento y certificación se realizarán sobre la base de una formación policial.


En materia de derechos humanos, garantías judiciales y respeto a las libertades, se prohíbe expresamente que las personas detenidas en el uso de las atribuciones que establece esta reforma sean trasladadas o resguardadas en instalaciones militares. Además, por disposición expresa y en correspondencia con la naturaleza de sus funciones, los miembros de la Guardia Nacional que cometan un delito o una falta en el despliegue de su labor cotidiana serán juzgados por el fuero civil y no por el fuero militar al que sólo se reserva el conocimiento de las faltas y delitos que cometan en su organización interna.


Todos los elementos de la Guardia Nacional recibirán formación en derechos humanos y capacitación y adiestramiento en labores policiales, así como en el dominio de un protocolo para la intervención y el uso de la fuerza, atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a las leyes vigentes.


Como podemos observar, no se trata de militarizar la función de seguridad pública, estamos ante la militarización de la disciplina y el orden de la función de seguridad pública.

Agua y aceite


Hay, sin embargo, un tema delicado en la propuesta: juntar a los efectivos de las policías, naval y militar, soldados y marinos, con los elementos de la PF puede convertirse en un problema serio. Al tener distinta formación, se deberá tener cuidado en que los militares no sean quienes relajen su disciplina, en lugar de que los policías la adquieran.

Como sea, es importante que la ciudadanía, hoy mas que nunca, sea observadora y crítica de estas políticas públicas, pero sin despreciar la objetividad, la verdad y la honestidad intelectual.

Es importante no permitir abusos de poder, pero también lo es no llevar agua al molino de quienes, tergiversando la información ––o dando medias verdades–– persigan objetivos propios de una agenda política no transparente.


Por Vicente Amador


El 2018 terminará como el año más violento del que nuestro país tenga registro oficial. A la fecha se estiman casi 30 mil víctimas de homicidio doloso. Por ello, no extraña que inseguridad, delincuencia y corrupción sean las mayores preocupaciones sociales de los mexicanos, incluso por encima del desempleo ─que no es poco. Se trata de intranquilidades que han crecido y se mantienen, como el mismo crimen.

Setenta y cinco de cada cien mexicanos juzgan inseguras las ciudades donde viven. Y la cifra resulta más alarmante al considerar la opinión de las mujeres: de ellas, ocho de cada diez se sienten inseguras en las zonas en las que habitan (Cfr. INEGI: ENSU, 2018).


Es entendible que los problemas referidos hayan estado tan presentes, al menos en los discursos, en las últimas campañas políticas. Fueron elementos determinantes en la elección.

Por si fuera poco ─en las últimas semanas─ seguridad, delincuencia y corrupción han sido temas de especial visibilidad, entre otros motivos, porque el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad. También Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, dio a conocer su plan de seguridad en la última quincena. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional de la Ley de Seguridad Interior, que operaba desde el 2017.


PERCEPCIÓN SOBRE LAS POLICÍAS


Respecto a la inseguridad, un tema central es cómo evaluamos el desempeño de las corporaciones policiacas. Y la primera pregunta es, ¿les tenemos confianza?


Casi el 90% de los mexicanos tenemos confianza en la Marina. Casi el 84% confía en el Ejército. También es alta la confianza en la Gendarmería Nacional. Pero no podemos decir lo mismo de la policía estatal, ni de la policía preventiva municipal. En promedio, 1 de cada 2 mexicanos desconfían de ellas (Cfr. INEGI: ENSU, 2018).


Otro aspecto medular respecto a las corporaciones policiacas, además de la confianza, es qué tan efectivas son, es decir, qué tanto consiguen sus objetivos.

Ocho de cada diez mexicanos piensan que la Marina y el Ejército desempeñan un trabajo muy efectivo o algo efectivo. Pero, menos de la mitad de los mexicanos piensan que lo hacen bien los jueces, la Procuraduría General de la República, la ministerial o judicial, la policía estatal, el ministerio público, la policía municipal y, con la peor de las evaluaciones, la policía de tránsito (Cfr. INEGI: ENVE, 2018).

Como lo hacía ver Andrea Montalvo, es muy llamativa la percepción sobre los jueces, para quienes la imagen de credibilidad juega un papel muy relevante. La investidura del juez, representada regularmente desde un estrado y con toga, son símbolos de justicia, relevancia, imparcialidad; características que ahora percibimos, por decir lo menos, disminuidas.

Hay otro factor que también es determinante para evaluar el desempeño policiaco, me refiero a la percepción que tenemos sobre qué tan corruptas son. Nuevamente, salvo la Marina y el Ejército, la mayoría de los mexicanos considera que son organizaciones con un muy alto grado de corrupción (Cfr. INEGI, ENVE, 2018).


LA EVALUACIÓN IRRENUNCIABLE


Dado el contexto expuesto, hay tres ideas que resalto:


(1) De quienes peor imagen tenemos es de las autoridades con las que regularmente tratamos: tránsitos, policías de nuestros vecindarios, ministerios públicos. Este fenómeno tiene, naturalmente, un efecto mayor sobre la percepción de corrupción de todo el país y el desempeño gubernamental.


(2) Esas policías con las que tratamos con mayor regularidad tienen también algunas características que poco abonan a mejorar su opinión. Me explico: la mayoría de ellos tiene estudios hasta la preparatoria; la gran mayoría tiene sobrepeso u obesidad; la mayoría están ahí por necesidad económica; porque es lo que hay (Cfr. INEGI, ENECAP, 2018).

Pero además la remuneración no es alta. Muchos de ellos no ganan más de cinco mil pesos netos al mes. ¡Y cuánto arriesgan! Para colmo, en promedio trabajan 70 horas semanales.

(3) Una última idea: dadas las condiciones en las que se encuentran las policías regionales, y dada la magnitud de la lucha contra el crimen, tampoco sorprende que el Presidente López Obrador proponga una guardia nacional donde los militares tienen un papel protagónico. Seguramente el Primer Mandatario sabe que la evaluación del desempeño de su gobierno estará basada, en gran medida, por los resultados (y su percepción) en materia de seguridad, delincuencia y corrupción ─aspectos en los que están “menos salpicados” los militares.


Pocas veces como ahora ha sido tan evidente y clara la confrontación entre dos visiones contrapuestas sobre la concepción y el ejercicio de la comunicación política. A manera de conclusión preliminar, se puede adelantar que la comunicación de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto corresponde a una idea tradicional acorde al predominio de la televisión sobre los otros medios, en tanto que Andrés Manuel López Obrador ha recurrido a una mezcla de la tradicional promoción territorial con una innovadora utilización de las redes sociales. Repasemos brevemente seis diferencias básicas.


El modelo


La comunicación institucional de EPN se basa en el modelo vertical de cascada para incidir en la opinión pública: televisión, radio y prensa son sus principales canales de distribución de sus mensajes, incluso el empleo de las redes sociales lo hace con criterios similares a estos medios. En cambio, AMLO funda su estrategia de comunicación en la promoción territorial que responde al modelo de ebullición, de abajo hacia arriba, para la generación de opinión pública y la reforzó con sus “benditas redes sociales”, que operan como grupos horizontales de referencia, para consolidar su posicionamiento y mensaje.


La narrativa


Siguiendo las premisas de la mercadotecnia tradicional, EPN apostó al posicionamiento derivado de la reiteración de lemas de gestión, que en más de una ocasión tuvo que cambiar, recurrió al lenguaje políticamente correcto y a la argumentación racional y fría de la numerología. AMLO, por su parte, apela a la emoción a través del uso de adjetivos, de la confrontación y de la polémica que le permiten polarizar la opinión pública y activar a sus simpatizantes.


El ritmo


EPN basó su batalla por la agenda mediática en el ritmo del ciclo informativo de los medios tradicionales: intentó colocar en la discusión pública un tema por día en los horarios y condiciones más adecuadas para las emisiones informativas de televisión y radio. También descansó los fines de semana. AMLO no da tregua. Su ritmo informativo corresponde a la nueva velocidad que las redes sociales le imponen a los ciclos informativos: declara todos los días a toda hora sobre más de un tema, prácticamente no ha dejado de definir la agenda pública desde la campaña.


El personaje


En general EPN ha recurrido a ambientes controlados para sus encuentros con la fuente, y han sido contadas las ocasiones en que ha accedido a entrevistas o conferencias de prensa abiertas. En cambio AMLO todos los días propicia encuentros abiertos con los periodistas, hace explícito su disentimiento con algunos analistas y cada que necesita argumentar su punto de vista difunde sus videos en YouTube.


La centralización


En el gobierno de EPN cada dependencia, entidad y organismo de la Administración Pública cuenta con un área de comunicación, que deviene en una multiplicidad de emisores oficiales que no siempre se logran coordinar. La centralización de AMLO sin duda abonará en el control de la información que se va a difundir y en la centralización de la comunicación en su persona, para bien y para mal. Esta centralización será reforzada por la concentración de los medios del Estado que a últimas fechas promueve.


Los recursos


Aunque formalmente en la administración de EPN el gasto en publicidad y medios está desconcentrado en las diferentes dependencias del gobierno, se comenta que en la práctica los criterios de contratación se centralizan en los Pinos. En este rubro, al formalizar la centralización del gasto, lo mismo que al reducir a la mitad el presupuesto en esta materia, es muy probable que AMLO incremente el margen de control y ascendencia sobre los medios de comunicación que sólo contarán con una ventanilla para gestionar recursos públicos.


En términos de comunicación política, es decir, en el ámbito de la percepción pública, Enrique Peña Nieto está posicionado como el presidente con los niveles más bajos de aprobación desde que se tiene registro, aunque paradójicamente también es quien hasta ahora más ha invertido en publicidad gubernamental, en tanto López Obrador, aún sin tomar posesión como Presidente de la República, ya es uno de los personajes más polémicos de nuestra historia. Habrá que esperar las sorpresas que nos depare la comunicación política que viene y que caracterizará a la próxima gestión presidencial.


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